La Fiscalía pide al TSJM que prohíba las manifestaciones del 8-M por el riesgo de COVID

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La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha expuesta este sábado ante la Sala de Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sus motivos para justificar que se mantenga la prohibición acordada por la Delegación del Gobierno para que no se celebren las manifestaciones previstas durante el 8-M. Calvo asegura que la decisión de no permitir manifestaciones del 8-M en Madrid responde a criterios sanitarios

La fiscal ha puesto de manifiesto el «riesgo» que supone para la salud pública la celebración de este tipo de actos en plena pandemia de COVID-19 y ha calificado de «insuficientes» la medidas de seguridad propuestas por los organizadores de dichas concentraciones. En su exposición, la representante del Ministerio Público sostuvo que tras analizar el contenido de la demanda presentada por la Confederación General de Trabajadores (CGT) entendió que la razón que llevó a la Delegación del Gobierno a prohibir las concentraciones conmemorativas al 8-M no solo se basaban en la normativa propia del estado de alarma sino en las «imperiosas» necesidades de salud públicas por el coronavirus.

En su opinión, a la hora de autorizar este tipo de manifestaciones durante el estado de alarma existe una «situación de conflicto» entre el derecho a la vida (art. 15 CE) y a la salud (art. 43 CE) frente al derecho de reunión (art. 21 CE). Ante este conflicto, para la fiscal resulta «procedente» realizar un ejercicio de ponderación con el fin de otorgar «prevalencia» al derecho a la vida «dado que el propio texto constitucional prevé la posibilidad de limitar el derecho de reunión en los supuestos que exista una puesta en peligro para las personas y bienes».

«Es insuficiente el control para manifestarse»
A través de un comunicado, ha informado de que sostuvo que las concentraciones previstas para el 8-M carecen de las medidas se seguridad que permitan garantizar la salud pública «que se ve comprometidas en la situación actual». Así, asegura que la previsión de un cordón de seguridad compuesto por un «reducido» número de integrantes «es, a todas luces, insuficiente para el control basado en el porte de la mascarilla y el mantenimiento de la distancias interpersonal de un número de personas como el indicado por el promotor».

Por tanto, ha considerado que la prohibición de las concentraciones es «proporcionada» y «ponderada» ante la situación actual de riesgo sanitario sin que queda cuestionar la motivación del acto, «que es suficiente y adecuada» y sin que tampoco quepa apreciar un trato discriminatorio hacia las concentraciones convocadas.

Tras analizar el régimen de los límites del derecho de reunión, la fiscal se refirió a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la que se abordaba la adopción de medidas «temporales» y «excepcionales» por razón de salud pública para la contención de la pandemia en la Comunidad de Madrid.

Con dicha resolución, más el informe de situación de 1 de febrero de 2021 donde se expresa que el volumen de incidencia supera la tasa de casos recomendados por la Unión Europea, la representante del Ministerio Público adujo que son elementos que sirven a la Administración «como criterio de ponderación» a la hora de prohibir las manifestaciones

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