El Consejo de Ministros ha autorizado a los Cabildos Insulares de Canarias destinar este año, excepcionalmente, el superávit que generaron en 2019 para compensar la reducción de ingresos que les ha provocado la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, y además no se requerirá la aplicación de la regla de gasto en el ejercicio presupuestario de 2020
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, ha señalado sentirse “razonablemente satisfecho” con este Decreto-Ley que “responde a las demandas que venimos realizando las Corporaciones insulares desde hace tiempo y que es adecuado, en la medida en que viene a desbloquear fondos propios precisamente en una situación social y económica muy seria, que nos está exigiendo un sobre esfuerzo para estar a la altura de las necesidades de los ciudadanos y no dejar a nadie atrás”.
En su Disposición adicional primera, el Decreto-Ley 27/2020 de 4 de agosto, publicado en el BOE n. 211 de 5 de agosto de 2020, desarrolla la posibilidad de que las Diputaciones Forales del País Vasco y los Cabildos Insulares de Canarias puedan utilizar el superávit del pasado año no utilizado como compensación por la reducción de ingresos fiscales que obtengan o les correspondan exclusivamente, así como por los impuestos indirectos de regulación estatal del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Así mismo, se señala que esta medida es de carácter urgente y excepcional, para el año 2020, y destinada a compensar el impacto financiero derivado de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
En este sentido, el presidente de la Corporación insular majorera ha querido reconocer y agradecer de forma especial “los esfuerzos y el tesón” del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para que esta medida sea hoy una realidad, y valora “muy positivamente” la sensibilidad mostrada por el Consejo de Ministros con Canarias.
Así mismo, Acosta ha explicado que, “esta era una cuestión de sentido común porque no se entendía que los cabildos estemos soportando tipos de interés negativos por los saldos disponibles en cuentas y los depósitos bancarios y remanentes de tesorería, en un contexto de reducción drástica de ingresos fiscales y mientras hemos de atender una demanda creciente de necesidades básicas de nuestros ciudadanos como consecuencia del COVID-19”.