El diputado del Partido Popular por Fuerteventura, Fernando Enseñat, ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento de Canarias para exigir al Gobierno de Canarias que el Ministerio de Transición Ecológica responda de forma urgente al proyecto de rehabilitación presentado por el Hotel Riu Oliva Beach. «Cerca de 400 trabajadores viven desde hace tres años angustiados por sus puestos de trabajo porque Madrid hace informes contradictorios que generan incertidumbre en cientos de familias», asegura Enseñat.
Y es que la reforma de la Ley de Costas, aprobada en 2013, se otorgó una prórroga de 75 años que avala el informe de la Abogacía del Estado de febrero de 2020 donde determina que «no se trata de anular sino de regularizar el título concesional que se mantendrá vigente para la entidad concesionaria» lo cual además «no constituye un impedimento para tramitar y resolver la solicitud de autorización de obras de conformidad con la normativa aplicable».
Pese a este informe, el pasado 6 de octubre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado que quiere iniciar el procedimiento de revisión de oficio con el objeto de declarar la nulidad de la Orden Ministerial de 8 de julio de 2003 por la que se acuerda otorgar a la propiedad del Hotel Riu Oliva Beach la concesión Administrativa por concurrir la misma en «nulidad de pleno derecho». Una resolución que «pone en jaque la economía y el empleo de miles de familias pero también crea una total inseguridad jurídica que espanta a todos los inversores que ven en el gobierno informes aleatorios y contradictorios entre sí y, además, nos hace perder 40 millones de euros y la creación de cientos de puestos de trabajo», asegura Enseñat. «Son el peor gobierno de la democracia de España para Fuerteventura».
El diputado popular asistió a la reunión convocada por el Comité de Empresa y la cadena RIU junto a el portavoz adjunto de Energía, Comercio y Turismo del PP en el Congreso, Sebastián Ledesma, así como con Claudio Gutiérrez, portavoz del Cabildo y Tony Pereira, concejal de La Oliva, en la que adquirieron el compromiso de elevar esta reclamación a todas las instituciones. De hecho, Sebastián Ledesma preguntará en el Congreso cuál es la intención del Gobierno de España.
Este mítico establecimiento hotelero inaugurado en 1977 emplea a 400 personas y cuenta con casi 2.000 camas y una media de ocupación del 80 por ciento anual, con unas 600.000 estancias cada año. La rehabilitación supondría una inversión de más de 40 millones de euros, aumentaría la categoría del hotel de tres a cuatro estrellas y, con ello, un aumento de la plantilla.