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    El PP presenta una PNL para instar al Gobierno de Canarias a paralizar los sondeos de tierras raras

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    El PP ha registrado este jueves una Proposición no de Ley en el Parlamento de Canarias así como una moción en el Cabildo de Fuerteventura en la que insta al Gobierno de Canarias a paralizar la tramitación de las solicitudes de investigación que se encuentre en trámite, previo los informes pertinentes “con el objetivo de respetar la decisión de los majoreros de no investigar las tierras raras de las islas”.

    El PP propone la aprobación de un Decreto Ley que legisle sobre la investigación y aprovechamiento de origen natural y demás recursos geológicos de la “Sección C”, conocidas como tierras raras, por el que se establezcan de forma urgente medidas necesarias relativas a su regulación, normativa ambiental existente, y que contenga la consideración de informe vinculante de las administraciones públicas territoriales y urbanísticas afectadas por la solicitud de dichos permisos.

    “Un decreto que no existe en estos momentos y que beneficia a la autonomía local y el control de este tipo de solicitudes”, asegura Claudio Gutiérrez. En la Proposición no de ley, presentada junto a CC, el PP insta al Gobierno de Canarias a iniciar los procedimientos de revisión previstos en la legislación vigente que podrían habilitar la paralización de cualquier tipo de autorización relativa a los permisos de investigación de ‘tierras raras’ en la Isla de Fuerteventura.

    Además, en el texto el PP insta al Gobierno de Canarias a no tramitar nuevas solicitudes de exploración, investigación o extracción de “tierras raras” sin que se haya realizado una consulta previa al Cabildo Insular y los Ayuntamientos afectados, atendiendo a que es una actividad minera y extractiva con implicaciones socioeconómicas y ambientales de gran magnitud sobre Fuerteventura y a tener en cuenta esas consultas.

    “Nuestro compromiso con la isla de Fuerteventura ha sido y sigue siendo firme pero la Dirección General de Industria lo único que ha hecho hasta ahora, era seguir el mandato del Parlamento de Canarias que, el pasado mes de julio, a propuesta del PSOE instó a Gobierno de Canarias a explorar las tierras raras en Canarias”, denuncia el portavoz del PP en el Cabildo de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez.

    Los consejeros del PP recuerdan que NC, PP, CC, PSOE, VOX y ASG, es decir, “todos los partidos exigieron al gobierno agilizar estos permisos por lo que también hay que lamentar el cambio de opinión, al más estilo Sánchez de los diputados nacionalistas y socialistas que en Tenerife dicen una cosa y en Fuerteventura otra y, de hecho, en varios medios de comunicación se ha publicado que un diputado majorero se reunió varias veces con la empresa concesionaria de los permisos y aun así, en el mes de octubre, este diputado y su partido votaron a favor conociendo ya la informaciones de las cuadrículas sobre las que se habían pedido los permisos”, lamenta.

    “Ahora tienen la oportunidad de corregir aquellas votaciones del pasado mes de octubre apoyando esta Proposición No de Ley e instar al gobierno de Sánchez a que, para futuros permisos, revise la Ley de Minas a nivel estatal porque además de demagogia, necesitamos hechos y seguridad jurídica”, asegura Gutiérrez.

    Y es que, el PP añade en su moción instar al Gobierno de España a modificar la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas al objeto de que cualquier yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio, mar territorial y plataforma continental perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias, su investigación y aprovechamiento conlleve previamente informe de evaluación de impacto ambiental (medida transversal) y con la exigencia de las correspondientes garantías medioambientales y del plan de restauración asociado (medida sectorial específica), así como informe vinculante de las administraciones públicas territoriales y urbanísticas afectadas.

    “Cuestiones que hoy la ley no contempla y que entendemos que son necesarios para respetar el planeamiento y la voluntad de las instituciones insulares”.

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