El Gobierno seguirá prorrogando el escudo social por la pandemia, con la aprobación este martes en el Consejo de Ministros de una moratoria para el pago de hipotecas y préstamos al consumo. La duración del aplazamiento de pago para familias afectadas por la pandemia será de un mínimo de tres meses desde su concesión y un máximo de nueve. De forma secuencial, ya que los tres primeros meses corresponden a la moratorial legal y los seis adicionales a la moratoria del sector bancario. La medida ha sido negociada hasta este mismo lunes por PSOE y Unidas Podemos, que mantenían diferencias respecto a los plazos.
Unas 600.000 familias se beneficiaron de estas moratorias desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Por otra parte, se ha acordado entre los socios del Ejecutivo que los beneficiados por las moratorias de los préstamos al consumo que pudieron solicitarlas en la anterior prórroga -hasta el pasado 29 de septiembre-, no se vean afectados por la nueva regulación. Mantendrán así el mismo régimen aplicado hasta ahora al no producirse retroactividad. En el último texto aprobado sobre las moratorias hipotecarias se exigía para ser beneficiado de esta ayuda destinar más de un 35% al pago de la hipoteca y suministros y una renta mensual por debajo de los 1.613 euros.
En el último Consejo de Ministros se aprobó la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo, así como de los contratos de alquiler y los aplazamientos o reestructuraciones de deuda para arrendatarios de viviendas propiedad de grandes tenedores o entidades públicas hasta el 9 de mayo, coincidiendo con la finalización del estado de alarma. La prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual se ha establicido por un periodo de cuatro meses, con las mismas condiciones que las actuales. La ampliación del plazo de petición de la moratoria del pago de alquiler, por ota parte, se limita a los casos en los que sea arrendador un gran tenedor o una empresa pública. El periodo del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta para estos casos es el mismo que en el de los contratos.
A estas medidas se suman los decretos aprobados en diciembre para paralizar los deshauicios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y prohibir los cortes de suministros básicos. La novedad que se introdujo es que para la realización de los lanzamientos será obligatorio que previamente los servicios sociales realicen un informe, de carácter vinculante, para discernir la condición de vulnerabilidad de las personas afectadas. Los tribunales deberán solicitarlo de forma obligatoria siempre que los afectados aleguen estar en situación de vulnerabilidad. El texto incorporó además compensaciones económicas a los propietarios para evitar demandas por daño patrimonial, siempre que se demuestre el perjuicio económico y si el realojo no se produce dentro de un plazo de tres meses, por lo que quedarían fuera los propietarios que tuvieran viviendas vacías.
El pasado mes de diciembre, el Gobierno ya aprobó hasta el 31 de mayo la posibilidad de solicitar préstamos avalados y subvencionados por el Estado, a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO), para que los afectados económicamente por el covid-19 puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda.