El abastecimiento humano no está aún en riesgo, pero sí existe ya una afección sobre la actividad agrícola y ganadera. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, dirigida por José Antonio Valbuena, se reunirá mañana con los consejos insulares de las siete islas. En el encuentro también estará presente la Consejería de Agricultura, Ganadería y Aguas. El objetivo es poner todas las cartas sobre la mesa, analizar el seguimiento realizado durante los últimos meses sobre el volumen de agua que tiene cada isla para dar respuesta a la demanda existente en todos los sectores y diseñar soluciones conjuntas. También determinar si es necesario declarar -en caso de no haberlo hecho ya, como en Fuerteventura- la emergencia por sequía.
La intención del Ejecutivo de activar un plan urgente de desalación no solo pasa por mejorar y renovar las plantas públicas instaladas en las islas orientales, sino en fomentar una política de desalación en la provincia occidental hasta ahora prácticamente inexistente. Valbuena reconoce que la implantación de este programa es complejo por el volumen de trámites y obras que requiere, pero sí necesario para preparar a las islas ante la persistencia de una sequía que, lejos de mitigar, consolida cada día su tendencia. «El Gobierno canario no puede estar de perfil», señala Valbuena. Si bien las declaraciones de emergencia hídrica dependen de cada Consejo Insular de Aguas, el consejero regional entiende que es necesaria la implicación de todas las administraciones para buscar una salida a esta situación. El plan que propone se pondrá en marcha con independencia de que todas las islas, o solo algunas, hagan oficial su grito de auxilio. «No va a ser fácil», advierte Valbuena, que buscará también ayuda financiera en el Estado y el respaldo de todas las administraciones.
Fuerteventura, que a mediados de enero declaró la situación de emergencia hídrica. Con tal declaración, el Cabildo majorero pretende desarrollar más de 20 actuaciones de mejora del abastecimiento de agua, entre los que se encuentra la ampliación de depósitos y plantas desaladoras. Este estatus otorga, de hecho, capacidad jurídica y burocrática para acelerar los procedimientos de ejecución de obra.
¿Pero qué contempla la Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma en caso de que se active la emergencia hídrica? El capítulo VI, referente a situaciones especiales y de emergencia, habilita a los consejos insulares para efectuar asignaciones de aguas a usos y zonas específicas, imponer la venta forzosa de agua a determinados destinatarios al precio autorizado, determinar trasvases forzosos, acudir a la puesta en explotación de instalaciones no rentables u ordenar el empleo del agua almacenada.
Asimismo, si la emergencia conduce al desabastecimiento o la sequía resulta excepcional, el Consejo Insular podrá, incluso, imponer restricciones al consumo de agua. Valbuena asegura, en cualquier caso, que la situación actual no requiere, de momento, este tipo de medida.