La Guardia Civil del Puesto Principal de Corralejo y del Grupo de Intervención Rápida (GIR)  de Fuerteventura, ha investigado el pasado día 29 de octubre a los dos responsable de una asociación cannábica, un hombre y una mujer de nacionalidad extranjera, como responsables por un presunto delito de tráfico de drogas al realizar actos de cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes.
La Guardia Civil había recibido varias quejas vecinales por las molestias provocadas por el fuerte olor a marihuana de una determinada asociación cannábica de la localidad de Corralejo, además de la supuesta  venta de dicha sustancia psicotrópica a turistas y menores, ajenos al grupo de socios que conforman la misma.
Ante tales informaciones la Guardia Civil  estableció un dispositivo de vigilancia en la zona, realizando una inspección para comprobar la existencia de las licencias, autorizaciones y libros obligatorios para el desempeño de tal actividad -regulados en la ley 4/2003 de Asociaciones de la Comunidad Autónoma Canaria- y de una instalación de extracción de humos y olores adecuada.
Los responsables de la asociación colaboraron en todo momento con los agentes, que tras solicitar los correspondientes libros, licencias y autorizaciones, descubrieron  en el interior de la asociación una estancia anexa en donde se había construido  una zona de germinación de la referida planta con 12 semilleros, más una zona de cultivo con 37 plantas, listas para ser recogidas.
Los agentes observaron que  tanto en la zona de cultivo como en la de germinación existían un entramado de lámparas de alto voltaje, transformadores, aparato de aire acondicionado, estación  meteorológica, tubos de extracción de humos, químicos para el cultivo y materiales propios del tratamiento de la marihuana, siendo todo ello intervenido y puesto a disposición judicial.
En esta intervención la Guardia Civil intervino  un total de 49 plantas en diferentes estadios de crecimiento y madurez, con un peso aproximado de tres kilogramos.
Posteriormente la Guardia Civil investigó a los responsables por un presunto delito contra la salud pública, concretado en el artículo 368 del Código penal,  quedando a disposición del correspondiente Juzgado  en funciones de guardia de la localidad de Puerto del Rosario.