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sábado, 24 julio, 2021
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Desahucian en Puerto del Rosario a una familia con tres hijas menores de edad

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El de Miguel Ángel M. y su familia, con tres hijas menores de 4, 6 y 9 años de edad, es uno de los casos que muestran la otra cara de los desahucios, las llamativas y casi siempre dramáticas situaciones de personas que se ven privadas de sus viviendas en propiedad, por impagos del alquiler, comienzan a ser frecuentes en Fuerteventura. La familia de Miguel Ángel M. dejó de pagar el alquiler de un inmueble en Puerto del Rosario hace un año por encontrarse sin trabajo a cuenta de la pandemia. El dueño instó al desahucio y ha dejado a dos padres y tres hijos pequeños sin casa y sin sus pertenencias.

El desahucio se produjo este viernes en el Barrio de El Charco. “No sabemos qué hacer, nos han dejado en la calle sin todas nuestras pertenencias, mis hijas llevan desde ayer con la misma ropa”, ha señalado a Onda Fuerteventura el padre de familia.

Según ha explicado a este medio, hace un año que no cobran más que la ayuda de 420 euros estatal, sin ningún tipo de complemento de los servicios sociales municipales o insulares. La ONG Refugio Majorero se ocupa de abastecerles con alimentos una vez al mes. 

Sin embargo, lo que sí le llegó fue una orden de desahucio. Según establece la Ley, el arrendador debe entregar las pertenencias personales al arrendatario o a la persona que el arrendador crea que es el propietario. Según explica la familia, fueron desalojados de la vivienda sin tiempo para recoger sus pertenencias

El reciente suicidio de un hombre que fue desahuciado ha vuelto a poner esta triste realidad en el foco. Lamentablemente, los desahucios se producen con demasiada frecuencia y muchas veces los servicios públicos no actúan a tiempo: pasó ayer viernes con el hombre fallecido y ha vuelto a pasar con una familia y sus tres hijos.

Miguel Ángel M. ha explicado a Onda Fuerteventura que “están refugiados por unos días en casa de una amiga, pendientes de que se pueda producir algún tipo de gestión que les permita recoger sus cosas”.  El desahucio se hizo “pese a saber que no hay ingresos, se encuentran en grave riesgo de vulnerabilidad y no existe alternativa habitacional”.
La familia busca asesoramiento legal que se adapte a sus circunstancias económicas. La ley establece que cualquier acción judicial que conlleve el alzamiento de una vivienda con menores requiere el conocimiento y valoración de los informes sociales al respecto, pero en este caso se ha llevado a cabo sin la existencia de esos informes.

1. […] Si en el inmueble que haya de entregarse hubiere cosas que no sean objeto del título, el tribunal requerirá al ejecutado para que las retire dentro del plazo que señale. Si no las retirare, se considerarán bienes abandonados a todos los efectos.

De hacerse constar en el lanzamiento la existencia de desperfectos en el inmueble originados por el ejecutado o los ocupantes, se podrá acordar la retención y constitución en depósito de bienes suficientes del posible responsable, para responder de los daños y perjuicios causados, que se liquidarán, en su caso y a petición del ejecutante, de conformidad con lo previsto en los artículos 712 y siguientes.

¿Desahucios suspendidos?

El pasado mes de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que prohibía el desalojo de una vivienda de personas que no tengan una alternativa habitacional. La medida fue prevista hasta el 9 de mayo (día en el que decaía el estado de alarma) y prorrogada hasta el próximo agosto. La decisión, incluía además la prohibición del corte de suministros básicos como el agua, la luz y el gas.

Sin embargo, más de 30.700 desahucios se han producido con esa protección activa. Solo en el primer trimestre de 2021, se produjeron 10.961 desahucios, unos 121 por día, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.

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