El Pleno del Ayuntamiento de Pájara aprobó ayer por unanimidad una batería de medidas planteadas por el grupo de Coalición Canaria para el municipio, ante los efectos derivados de la crisis económica acumulada y la necesidad de respuestas concretas y urgentes en materia de atención social. Las iniciativas también se coordinan en el ámbito autonómico, reclamando más agilidad y recursos al Gobierno de Canarias para dar respuestas a las necesidades sociales, dentro de su ámbito de competencias.
El refuerzo de la plantilla de Servicios Sociales es una de las claves de estas medidas.Entendemos que ahora más que nunca hay que facilitar la realización de informes y la tramitación de ayudas a las familias necesitadas. Para ello también se plantea la simplificación de los trámites para la concesión de servicios y prestaciones de atención la dependencia, PCI y PNC, ante la grave crisis social.
La moción aprobada por unanimidad también plantea el establecimiento de partidas de emergencia extraordinarias para las ONG’s y colectivos del denominado ‘tercer sector’, que está asumiendo la peor parte de la crisis con la atención más inmediata y de urgencia. Además de atender a personas derivadas desde las mismas administraciones.
Es importante que desde el Ayuntamiento de Pájara se exija también al Gobierno de Canarias la incorporación a los centros de salud de profesionales de salud mental, psicólogos y psiquiatras, que aborden el impacto y consecuencias que esta pandemia y esta crisis está teniendo en las personas.
Igualmente, plantear que desde el Gobierno se incrementen las transferencias a ayuntamientos y los recursos económicos dedicados al abono de ayudas para pagos de alquileres, agua, luz, alimentación, farmacia y otras necesidades básicas.
El Pleno de Pájara, a propuesta de CC, también acordó solicitar el refuerzo de los recursos derivados a los ayuntamientos para implementar los equipos de intervención en infancia y familias afectadas por la pandemia.
Para poder encarar estas medidas, el Gobierno de Canarias, por su parte, debe exigir al Estado la transferencia inmediata de los 30 millones de euros del denominado ‘Plan de la Pobreza’ incluido en los Presupuestos Generales de 2021, para que las corporaciones locales puedan disponer de los recursos necesarios.
En este mismo sentido, también que se solicite la ampliación hasta los 50 millones de estas transferencias, atendiendo a la extraordinaria y compleja situación que viven las Islas, y como respuesta a incremento de la desigualdad y por ende de las tasas de pobreza y exclusión social.