El concejal del grupo de Gobierno José Juan Herrera debe dimitir de su puesto inmediatamente, y si no lo hace, debe ser cesado por el alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, como conocedor de unos hechos que ocurrieron bajo su responsabilidad.

Si bien hasta ahora, a pesar de la gravedad de los hechos juzgados, cabía el beneficio de la duda por presunción de inocencia, una vez que se ha conocido la condena de cárcel e inhabilitación por acoso sexual, no existe otra opción que el condenado deje de ocupar su puesto como representante público.

Durante todo el proceso, las formaciones que conforman el grupo de gobierno han venido haciendo declaraciones desafortunadas, como por ejemplo Ciudadanos, que a través de su concejala justificaba mediante declaraciones en medios de comunicación que esta denuncia surgía por presiones mediáticas con el fin de enredar el panorama político, o Podemos, que afirmaba que la denunciante realmente había sido despedida sólo «por una pérdida de confianza». Y nada más lejos de la realidad.

A día de hoy ya existen unos hechos probados y una sentencia que no admiten duda alguna. Estas formaciones deben posicionarse y, no sólo condenar estos hechos ya probados, sino tomar determinaciones, solicitando también el cese definitivo del concejal Herrera.

Por la salud democrática y por el deber de ejemplaridad que debemos demostrar los representantes públicos, esta situación no se puede sostener ni un minuto más allá de conocerse la condena.

Y no únicamente por la gravedad del delito, que ya sería de por sí motivo suficiente, sino por el agravante de que los hechos se produjeron mientras el condenado ejercía su labor como concejal en una posición de poder sobre una trabajadora, que era su subordinada directa.

No hay lugar para interpretaciones políticas ni de ningún tipo. Como representantes de esta institución, estemos o en el gobierno o en la oposición, nuestro deber es posicionarnos y condenar con la mayor de nuestra energía unos hechos ya que está demostrado que ocurrieron, y que son absolutamente inadmisibles entre quienes representamos a los vecinos y vecinas que nos eligieron.