Asamblea Majorera-Coalición Canaria ha indicado en nota de prensa que «el grupo de gobierno del Cabildo, PSOE + NC/AMF/IB + Podemos incumple el reglamento de la institución al haber tramitado los Presupuestos de 2020 sin la totalidad de  los preceptivos informes de impacto de género y sobre la discapacidad de las personas y sus familiares».

Subrayan que estos informes están dirigidos a garantizar que todas las medidas adoptadas respetan la igualdad de género y sobre la discapacidad de las personas y sus familiares, explicando que «a día de hoy esa garantía no existe por la incompetencia de Blas Acosta y su equipo».

AM-CC ya había advertido de esta carencia en el transcurso de los debates desarrollados con motivo de la tramitación de los Presupuestos. El reglamento que en su momento aprobó el Cabildo obliga a que cada una de las propuestas de inversiones presupuestarias de los distintos departamentos del Cabildo se acompañada de un informe específico sobre el impacto de género de las medidas planteadas.

Durante el desarrollo de los debates, tanto el presidente del Cabildo, Blas Acosta, como el consejero de Hacienda, Manuel Hernández, respondieron a la advertencia de AM-CC indicando que efectivamente todos los informes habían sido elaborados. Era mentira.

Pese a la trabas, retrasos y zancadillas puestas por Blas Acosta y sus consejeros para el acceso a la información que debería ser pública, AM-CC ha podido compilar poco a poco los documentos que acreditan que efectivamente el Presupuesto se tramitó careciendo de todos los informes, y por lo tanto incumpliendo el propio reglamento del Cabildo.

De esta manera el supuesto gobierno “progresista” de Blas Acosta y sus socios demuestra que en realidad es un gobierno de palabrería al que al final los propios expedientes ponen en evidencia: mintieron. Las políticas de igualdad de género se quedan solo en titulares y anuncios, a la hora de la verdad no se contrastan en los presupuestos.

AM-CC estudiará a partir de ahora posibles acciones legales para valorar si conviene solicitar la anulación del acuerdo de aprobación de presupuestos por haber incumplido el procedimiento y carecer de todos los requisitos establecidos  por la Ley. Algo especialmente necesario cuando además hablamos de medidas para garantizar la igualdad.