La división de la izquierda canaria ha terminado por alcanzar a las propias papeletas electorales. Lo que comenzó como una disputa política por la representación de un mismo espacio ideológico se ha convertido en un conflicto judicial que amenaza con alterar los preparativos de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La Junta Electoral Provincial de Las Palmas ha acordado este viernes posponer la confección de las papeletas al Congreso de los Diputados y al Senado después de que Drago Canarias impugnara la candidatura de Unidad del Pueblo Canario (UPC), la coalición formada por Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar.

La decisión, adoptada la tarde este viernes 6 de noviembre, supone un nuevo episodio en las tensiones que mantienen los dos grandes bloques de la izquierda alternativa en el Archipiélago. La formación liderada por Alberto Rodríguez considera que la nueva coalición se ha apropiado de unas siglas vinculadas a la historia del nacionalismo de izquierdas en Canarias y que su utilización puede generar confusión entre los electores.

Pulso en la izquierda

La controversia ha dejado de ser una cuestión de identidad política para convertirse en un problema administrativo que afecta a todas las candidaturas de la provincia.

El acuerdo de la Junta Electoral, firmado por su secretaria, establece expresamente que se pospone la confección de las papeletas al Congreso correspondientes a la candidatura impugnada, así como todas las papeletas al Senado de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote.

La razón es que estas últimas son listas abiertas y cualquier modificación puede afectar a su elaboración conjunta. El organismo también prohíbe a las formaciones utilizar las papeletas electrónicas remitidas y afectadas por la decisión hasta que se resuelva el recurso contencioso-administrativo y, en su caso, el recurso de amparo.

Una marca disputada

El origen de la controversia se encuentra en el acuerdo anunciado el pasado 15 de octubre por Nueva Canarias-Bloque Canarista, Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar para concurrir conjuntamente a las elecciones generales bajo la denominación Unidad del Pueblo Canario.

Las cuatro organizaciones presentaron entonces la alianza como un entendimiento histórico, al reunir en una misma candidatura a fuerzas que habían mantenido diferencias políticas y estratégicas durante los últimos años. Drago Canarias quedó fuera de aquella confluencia y decidió presentarse por separado. 

La elección de las siglas UPC no fue casual. Sus promotores recuperaron una denominación que remite a la histórica Unión del Pueblo Canario, la coalición nacionalista y de izquierdas que obtuvo representación en el Congreso de los Diputados y conquistó la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en 1979. Aquella experiencia política, vinculada a los últimos años de la Transición, forma parte de la memoria del nacionalismo progresista del Archipiélago.

Sin embargo, Drago Canarias cuestiona que la nueva alianza pueda utilizar esa identificación. La organización sostiene que las siglas también corresponden a Movimiento UPC, un partido inscrito en el Registro de Partidos Políticos y con sede en San Cristóbal de La Laguna.

Por ese motivo, interpuso un recurso contencioso-electoral ante los juzgados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife contra la proclamación de la candidatura, al considerar que su denominación vulnera el artículo 46.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). 

Las consecuencias

La impugnación no persigue, según ha explicado Drago Canarias, impedir que los candidatos de la coalición concurran a las elecciones. Su objetivo es que se active el procedimiento legal de subsanación para obligar a la alianza a modificar su denominación o retirar las siglas UPC de las papeletas.

La formación argumenta que debe protegerse el derecho de los electores a identificar sin confusiones las opciones políticas que concurren a las urnas.

La Junta Electoral Provincial de Las Palmas no se pronuncia en su acuerdo sobre quién tiene derecho a utilizar la marca ni sobre el fondo de las alegaciones de Drago.

Alcance preventivo

Su resolución tiene un alcance preventivo: evitar que se impriman o distribuyan papeletas que posteriormente pudieran quedar afectadas por una decisión judicial. El organismo invoca el artículo 71.2 de la LOREG para justificar el aplazamiento.

La consecuencia más significativa es que una controversia entre dos candidaturas termina afectando a formaciones que no participan en el conflicto. En el caso del Senado, la condición de listas abiertas obliga a extremar las precauciones antes de autorizar la confección definitiva de las papeletas.

La Junta no establece en su acuerdo una fecha concreta para reanudar el proceso, que queda condicionado a la resolución de los recursos.