La Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (ASOFUER) manifiesta su firme rechazo a la aprobación inicial, por parte del Ayuntamiento de La Oliva, de una ordenanza fiscal que pretende establecer una denominada tasa turística de 0,56 euros por persona y noche de alojamiento en el municipio.

Desde ASOFUER, su presidente, Antonio Hormiga, recuerda que esta postura no es nueva. «Nos hemos pronunciado públicamente y en diferentes encuentros y reuniones institucionales sobre las serias dudas de legalidad que presenta este tipo de gravamen municipal». Por ello, lamenta que se continúe avanzando en una iniciativa cuyo encaje jurídico ha sido cuestionado y, «sobre la que ya existe un importante precedente judicial en Canarias», subraya.

Para ASOFUER, el debate no se centra en si el turismo debe contribuir económicamente al mantenimiento y mejora del destino. Una cuestión sobre la que la organización no tiene dudas. «El turismo debe, sin duda, contribuir a ello», subraya.

La verdadera cuestión, apunta, es cómo se articula esa contribución, con qué garantías jurídicas, para qué finalidad concreta y con qué retorno efectivo para el territorio y sus residentes.

El precedente de Mogán: una advertencia judicial que no debe ignorarse ASOFUER recuerda que el pasado mes de julio se hizo pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de 28 de mayo de 2026, que declaró nula de pleno derecho la ordenanza reguladora de la tasa turística de Mogán, en Gran Canaria, estimando el recurso interpuesto por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT).

El tribunal consideró que la ordenanza no concretaba suficientemente los servicios y actividades que justificaban el tributo, cuestionó su adecuación al principio de equivalencia y advirtió de la desnaturalización de la figura jurídica de la tasa para obtener financiación municipal.

Aunque el Ayuntamiento de Mogán anunció su intención de recurrir la sentencia, “el pronunciamiento constituye un precedente de indudable relevancia”, sostiene Hormiga.

Para ASOFUER, resulta difícil entender que, conociendo estos antecedentes, el Ayuntamiento de La Oliva insista en una fórmula de naturaleza similar, en lugar de abrir un proceso de diálogo para explorar alternativas jurídicamente más sólidas.

Una tasa no es un impuesto, por mucho que se pretenda denominar de otra manera

Esta distinción no es una cuestión de interpretación política ni de terminología. Es una diferencia jurídica fundamental recogida en la Ley General Tributaria y en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

A lo largo de distintas jornadas técnicas y encuentros celebrados sobre fiscalidad turística, en los que han participado especialistas universitarios y catedráticos, se ha explicado precisamente la diferencia entre ambas figuras.

Un impuesto grava una manifestación de capacidad económica sin exigir una contraprestación individualizada. Una tasa municipal, por el contrario, debe responder a los supuestos legalmente establecidos, como la prestación de determinados servicios públicos o la realización de actividades que beneficien o afecten particularmente a quienes están obligados a pagarla. Su cuantía debe respetar, además, las reglas legales de valoración y cobertura de costes.

La legislación establece límites concretos a las tasas municipales. El artículo 21 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales impide, por ejemplo, exigir tasas por la limpieza de la vía pública, la vigilancia pública en general o la protección civil. Por ello, ASOFUER considera imprescindible examinar con rigor la justificación de los servicios incluidos en la ordenanza de La Oliva, su relación individualizable con los obligados al pago, el estudio económico que sustenta su importe y la cobertura legal de las exenciones previstas.

No basta con relacionar genéricamente el turismo con los gastos municipales ni con denominar tasa a un cobro por pernoctación para transformar su naturaleza jurídica», insiste el presidente de la patronal majorera.

Desde ASOFUER no se cuestiona las necesidades de financiación de los municipios turísticos, que la organización conoce y reivindica, lo que se rechaza es que “esas necesidades puedan justificar cualquier instrumento recaudatorio al margen de los límites legales».

ASOFUER sí defiende la contribución turística, «pero con objetivos concretos y resultados verificables» Frente a un gravamen generalizado por pernoctación, ASOFUER viene defendiendo una alternativa más coherente con la sostenibilidad y las necesidades reales del destino: establecer, donde legalmente proceda, tasas, precios públicos u otros instrumentos adecuados vinculados al uso de determinadas instalaciones y servicios, así como a la visita organizada y gestión de espacios de interés turístico.

En esta línea, considera plenamente razonable que determinadas actividades, servicios o modalidades de visita contribuyan económicamente a su conservación, mantenimiento, vigilancia específica, recuperación ambiental y mejora de infraestructuras.

Además, destaca, estos mecanismos pueden cumplir una doble función: generar recursos económicos y ordenar los flujos de visitantes mediante controles de capacidad, reservas, seguimiento de la afluencia y medidas que reduzcan la presión sobre los entornos más vulnerables.

La patronal pone en valor que el municipio de La Oliva cuenta con un patrimonio natural, cultural y paisajístico extraordinario, así como con enclaves y equipamientos turísticos «cuyo potencial de gestión y aprovechamiento sostenible merece ser estudiado».

La organización empresarial afirma, tajante, que no defiende la privatización de espacio ni el cobro indiscriminado por disfrutar del patrimonio natural. «Lo que defendemos es crear mecanismos legales de gestión y financiación que permitan conservarlo, mejorarlo y garantizar su disfrute a largo plazo».

Lanzarote: una alternativa real

ASOFUER asevera que la isla vecina de Lanzarote constituye una referencia de interés a través de sus Centros de Arte, Cultura y Turismo, que combinan la gestión de espacios singulares con servicios turísticos, conservación patrimonial y generación de recursos económicos.

Según los resultados correspondientes al ejercicio 2025, los Centros registraron cerca de tres millones de visitas, alcanzaron un volumen de negocio de 52,5 millones de euros y devengaron más de 7,5 millones de euros en cánones para el Cabildo y los ayuntamientos beneficiarios, de los que aproximadamente 5,6 millones correspondieron a los municipios de Haría, Yaiza y Tinajo.

Aunque se trata de un modelo con características y dimensiones propias, «demuestra que la gestión de recursos turísticos puede generar retornos económicos relevantes para las administraciones y contribuir al mantenimiento, conservación y valorización del patrimonio».

Es esta filosofía la que ASOFUER considera oportuno analizar y adaptar a las posibilidades de Fuerteventura y, concretamente, del municipio de La Oliva.

No se trata simplemente de recaudar más, sino de gestionar mejor. «El objetivo debe ser que el visitante conozca y perciba a qué contribuye, que el territorio reciba un beneficio identificable y que la población residente compruebe mejoras reales», recalca Hormiga.

ASOFUER estudiará las acciones legales necesarias y reitera su disposición al diálogo

Como asociación representativa de los empresarios turísticos de Fuerteventura, ASOFUER no va a permanecer inmóvil ante la implantación de medidas que considera jurídicamente cuestionables y que afectan directamente al sector al que representa.

Por este motivo, advierte de que analizará en profundidad el expediente municipal y ejercerá su derecho a formular las alegaciones oportunas durante el periodo de exposición pública.

En caso de mantenerse la ordenanza en términos que considere contrarios a Derecho, anuncia que impulsará las actuaciones administrativas y judiciales que correspondan para que sean los tribunales quienes determinen su legalidad, tal como ya ha sucedido con el precedente de Mogán.

Esta posición no supone cerrar las puertas al entendimiento. Todo lo contrario. Desde ASOFUER se tiende nuevamente la mano al Ayuntamiento de La Oliva para abrir un espacio de diálogo y trabajo conjunto, con participación institucional, empresarial y técnica, que permita identificar fórmulas legales de contribución turística, actuaciones prioritarias y mecanismos transparentes de financiación y seguimiento de resultados.

El turismo es la principal actividad económica de Fuerteventura y uno de los motores fundamentales de la economía y el empleo del municipio de La Oliva.

Una industria estratégica que genera actividad para numerosos sectores y que debe formar parte de las soluciones a los retos presentes y futuros del territorio.

Así, ASOFUER defiende un modelo turístico competitivo, sostenible y comprometido con la sociedad majorera, desde la colaboración institucional, el rigor técnico y el respeto a la legalidad.