El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado en la sesión del Parlamento de Canarias de que el Ejecutivo canario ha remitido la semana pasada al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación una propuesta de enmiendas al proyecto de Reglamento europeo de Vivienda Asequible. El objetivo es que la norma permita a territorios como Canarias limitar temporalmente la compra y el alquiler de vivienda por parte de extranjeros no residentes. “No pedimos un privilegio, pedimos que el Reglamento aplique el artículo 349 del Tratado de la Unión, con medidas temporales, proporcionadas y complementarias a la construcción de vivienda”, ha explicado el consejero. Canarias impulsa por la vía estatal y europea la limitación de la compra de vivienda por extranjeros no residentes
La Unión Europea tramita actualmente la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco para las medidas de los Estados miembros destinadas a salvaguardar la asequibilidad y la disponibilidad de la vivienda, conocida como Ley de Vivienda Asequible. El texto reconoce que proteger el acceso a la vivienda es una razón imperiosa de interés general que puede justificar restricciones a las libertades del mercado interior. También fija los requisitos para que los Estados miembros apliquen restricciones específicas, limitadas en su alcance y en el tiempo, según las dificultades de cada territorio.
El Gobierno de Canarias considera que estas fórmulas no bastan para responder a la situación estructural de la vivienda en el Archipiélago, con circunstancias permanentes como la lejanía, la insularidad y las limitaciones geográficas, demográficas y territoriales que el propio Tratado reconoce a las regiones ultraperiféricas.
Por ello, las enmiendas proponen que se contemple expresamente que las autoridades competentes en materia de vivienda puedan regular, restringir o limitar temporalmente la adquisición, el uso o el alquiler de inmuebles residenciales por personas extranjeras no residentes. Además, podrían aplicar esas medidas en el ámbito territorial adecuado a la magnitud de la emergencia habitacional, incluso en áreas superiores a un municipio o distrito.
Con carácter general para toda la Unión, Canarias propone también que el Reglamento deje claro que estas medidas son de corto plazo y complementarias. Es decir, deben acompañar a políticas estructurales que aumenten la oferta de vivienda, en particular la asequible.
“Las enmiendas no pretenden alterar el marco general del Reglamento para el conjunto de la Unión, sino complementarlo con el reconocimiento expreso de las circunstancias específicas de las regiones ultraperiféricas”, ha señalado Pablo Rodríguez.
Petición de apoyo al Gobierno de España
El Reglamento continúa su tramitación y las comunidades autónomas no participan directamente en el Consejo de la UE. Por este motivo, la Consejería ha enviado cartas a los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Vivienda y Agenda Urbana; y Política Territorial y Memoria Democrática. En ellas, solicita que el Gobierno de España respalde las enmiendas ante las instituciones europeas.
Esta petición se suma a la propuesta legislativa estatal de la que ha informado hoy en el Parlamento el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. El texto, elaborado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, ya está en manos del Gobierno de España y tiene como objetivo ahondar también en esta limitación. El presidente ha solicitado que se apruebe en el Consejo de Ministros antes de que finalice la legislatura.
El debate se enmarca en la próxima Estrategia sobre el Derecho a Permanecer de la Comisión Europea. La Mesa del Comité Europeo de las Regiones la acogió el pasado 23 de septiembre con la Declaración de Mullingar, que incluye expresamente la vivienda entre las inversiones necesarias para que las personas puedan quedarse en su territorio, junto al empleo, la conectividad y los servicios.
Para concluir, el consejero ha destacado la importancia de esta cuestión y del apoyo del Estado para que salga adelante, con el desarrollo de dos vías de actuación complementarias: la reforma de la normativa estatal y las enmiendas al Reglamento europeo.
Canarias impulsa por la vía estatal y europea la limitación de la compra de vivienda por extranjeros no residentes