Los dos decretos de vivienda aprobados ayer por el Gobierno de España, tras decaer en el Congreso de los Diputados la semana pasada los previstos inicialmente al no apoyarlos Junts, no han incluido finalmente ninguna de las propuestas que planteó CC y que sirvieron para que los nacionalistas dieran su apoyo. Los Decretos de Vivienda no incluyen las propuestas de CC, ni control a los extranjeros ni silencio administrativo
No hay ni rastro ni del silencio administrativo de seis meses planteado por CC, de forma que si un ayuntamiento no responde en este tiempo a una licencia se pueda iniciar sobre la marcha la construcción; tampoco hay ninguna mención a la posibilidad de que Canarias pueda limitar la compra de vivienda a los no residentes. Ambos compromisos fueron adquiridos por el Gobierno de España con CC antes de llevar los decretos al Congreso la semana pasada para asegurarse su apoyo; días después y al no necesitar a CC, que no tiene presencia en la Diputación Permanente que aprobará los decretos, los compromisos se diluyen.
En los decretos se incluye la prórroga extraordinaria del alquiler de la vivienda, en hasta dos años adicionales, para los que acaben en diciembre de 2028 y el límite a la actualización de los precios, que solo podrá ser como máximo de un 2%. Incluye además un apartado referido a la publicidad de los alquileres, algo que afecta sobre todo a las inmobiliarias, ya que obliga que el anuncio debe ser veraz y transparente. Entre otras exigencias debe incluir la condición de gran tenedor del arrendador si lo fuera. Los desahucios se suspenden hasta diciembre del 2030 en el caso de las personas vulnerables sin alternativa habitacional y el demandante sea una entidad que compra inmuebles o carteras de préstamos impagados por debajo del valor de tasación.
Para el apartado de los desahucios se incluye una novedad que se denomina ‘enervación extraordinaria’. En función de esta figura la administración deberá hacerse cargo de los impagos de inquilinos vulnerables. En principio debe buscar alternativa habitacional en el plazo de dos meses y si no tuviera una, consignar la deuda y sus costas. En caso de no hacerlo la administración quedaría subrogada como deudora, no habría lanzamiento y el contrato seguiría vigente mientras dure la vulnerabilidad.
Está por verse ahora si es el ayuntamiento o de la comunidad autónoma la administración competente, puesto que tienen competencia exclusiva en vivienda en sus estatutos. En este sentido, en el acuerdo alcanzado con CC para el ‘sí’ de los primeros decretos, los nacionalistas habían planteado que se formalizara un fondo para cubrir los gastos de los desahucios. En el texto aprobado ayer no se detalla cómo se pagarán esos lanzamientos.
Los Decretos de Vivienda no incluyen las propuestas de CC, ni control a los extranjeros ni silencio administrativo