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Profesores canarios renuncian a sus plazas al no encontrar vivienda asequible

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El curso 2026-27 arrancó este martes para cerca de 30.000 docentes en Canarias con una lista de retos que van más allá de las aulas. Los sindicatos STEC, ANPE y CSIF coinciden en señalar la vivienda como uno de los principales problemas que afronta el profesorado, especialmente en las islas y zonas con mayor presión turística.

La falta de oferta y unos alquileres a «precios inasumibles» llevan incluso a algunos docentes a «rechazar destinos», una dificultad que se suma a la creciente complejidad de las aulas, la necesidad de más recursos o la carga burocrática que soportan los centros.

El portavoz del STEC, Gerardo Rodríguez, considera que se trata de una cuestión «prioritaria». Recuerda que la movilidad forma parte de la labor docente y que, directamente en islas y zonas tensionadas como Lanzarote, Fuerteventura y el sur de Gran Canaria y Tenerife, «no se encuentran viviendas».

Rodríguez subraya que el alumnado de estos lugares tiene «derecho a la educación, un derecho que está recogido constitucionalmente».

La organización sindical propone que las consejerías de Vivienda y Educación impulsen una bolsa de viviendas específica para el profesorado. Es una medida que también defiende ANPE, que además solicita un complemento retributivo para afrontar esta dificultad y plantea el uso de residencias escolares cuando existan plazas vacantes.

El objetivo, indica el sindicato, es facilitar que el profesorado pueda impartir clases en su isla de residencia y lo más cerca posible de su municipio.

El responsable de educación de CSIF en Las Palmas, Juan José Gil, enfatiza que esta problemática se extiende igualmente a las conocidas como islas menores y exige «soluciones».

Desde 2018, «los mismo complementos»

Pero la vivienda no es la única preocupación relacionada con las condiciones del profesorado. Otra de las prioridades de los sindicatos pasa por actualizar los complementos retributivos, como los de tutoría, jefatura de departamento o coordinación de convivencia. «Desde el año 2018 siguen siendo los mismos», puntualiza Rodríguez.

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