La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha denunciado el “desconocimiento” mostrado por el Gobierno de España en la gestión del expediente de derribo de la vivienda centenaria conocida como Casa Las Señoras, en el municipio majorero de Pájara. Para la diputada nacionalista, la actuación del Ejecutivo central pone de manifiesto lo que supone que “decisiones con implicaciones directas
sobre la historia y el patrimonio de Canarias se adopten desde Madrid sin el conocimiento ni el respeto debidos a las singularidades del
Archipiélago”.

La vivienda afectada, conocida como Casa Las Señoras, tiene más de 150 años de antigüedad y es considerada el último testimonio construido en pie del antiguo asentamiento costero de Cueva de la Negra, vinculado históricamente a familias de pescadores de la zona de Jandía, en Fuerteventura. En la actualidad está habitada por doña Pascuala Roger Pérez, cuya familia ha presentado una serie de escritos a la Demarcación de Costas de Canarias, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para evitar su demolición.

Con el objetivo de que el Ejecutivo central se pronuncie al respecto, Valido ha registrado una pregunta escrita dirigida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la que exige explicaciones sobre por qué la Demarcación de Costas de Canarias no resolvió, ni siquiera respondió, la solicitud de suspensión cautelar y moratoria administrativa presentada por la familia afectada, antes de comunicar el señalamiento de la fecha de derribo.

Concretamente, tal y como se recoge en la exposición de motivos de la iniciativa de CC, dicha solicitud fue presentada el pasado 15 de julio
de 2026 por la representación letrada de la familia ante la Demarcación de Costas de Canarias, en tanto culmina la tramitación de la reforma legislativa sobre núcleos costeros tradicionales afectados por la Ley de Costas, actualmente en curso en el Congreso. No obstante, sin haber resuelto dicha solicitud, el 12 de agosto se notificó el señalamiento de la fecha de derribo para el 26 de agosto.

La diputada de CC pregunta además por qué este expediente no ha recibido el mismo tratamiento de subsanación y tramitación en plazo que, según ha trasladado públicamente la representación letrada de la familia, sí se ha dado en otros casos similares. En ese sentido, Valido incide en que la familia, que reside en ella desde hace generaciones, no reclama una declaración formal de Bien de Interés Cultural, sino que se valore su interés histórico y etnográfico antes de que se ejecute un derribo que considera irreversible.

Desde Coalición Canaria se insiste en que episodios como este confirman la necesidad de que Canarias cuente con más peso político en el Estado, de forma que decisiones que afectan a su historia y su patrimonio no se tomen sin contar con quienes mejor conocen la realidad del Archipiélago