Seis de cada diez propietarios han endurecido los requisitos para alquilar su vivienda durante el último año, en un contexto marcado por la subida de los precios, la elevada demanda y la limitada oferta, según un análisis de la red inmobiliaria donpiso.

El informe señala que uno de cada dos propietarios prioriza la seguridad del perfil del inquilino frente a la rentabilidad. En concreto, el 70% exige ingresos mínimos equivalentes a tres veces el precio del alquiler, mientras que el 60% solicita garantías adicionales, como seguros de impago o avales.

Canarias se sitúa como la quinta comunidad autónoma de España con más casos de ocupación ilegal de viviendas, un fenómeno impulsado por la crisis habitacional y los altos precios del alquiler.

La okupación ha dado un respiro en el último año, pero el problema sigue lejos de desaparecer. Los últimos datos del Ministerio del Interior confirman una caída general de las denuncias en 2025, aunque la tendencia continúa al alza si se analiza la última década.

Durante el año pasado se registraron 14.875 denuncias por delitos vinculados a la okupación, lo que supone un descenso del 9,4% respecto al año anterior. La cifra mejora los datos de 2024, cuando se superaron las 16.400 denuncias, pero no oculta esta realidad.

Si se compara con hace 10 años, se contabilizaron poco más de 10.000 casos. El incremento acumulado supera el 30%. El Ministerio agrupa bajo este concepto dos delitos distintos:

• Allanamiento de morada: implica la entrada en viviendas habituales o segundas residencias y tiene mayor gravedad penal.
• Usurpación: forma más común y afecta principalmente a inmuebles vacíos o en manos de bancos y fondos.

El problema no se reparte de forma homogénea. Se concentra especialmente en zonas con alta densidad de población y fuerte presión inmobiliaria.

A nivel territorial, la provincia de Las Palmas concentra más denuncias que Santa Cruz de Tenerife, con especial incidencia en zonas turísticas o con mayor rotación de vivienda.

Pese a la bajada de casos, la preocupación de los ciudadanos ha ido en sentido contrario. En distintos puntos del archipiélago se han producido protestas vecinales y movilizaciones ante el temor a nuevas ocupaciones.

Sin embargo, desde el Gobierno de Canarias se insiste en que el impacto real es limitado. Según datos oficiales, las viviendas afectadas representan apenas el 0,06% del parque inmobiliario total.

Esta situación ha convertido el proceso de selección en un «embudo restrictivo»: solo uno de cada cuatro candidatos llega a visitar una vivienda, pese a que los anuncios pueden superar los 300 candidatos durante las primeras 48 horas.

Mudanzas por motivos económicos

Según donpiso, alrededor del 40% de los inquilinos se ha mudado por motivos económicos durante el último año y uno de cada tres ha tenido que cambiar de barrio o zona para poder asumir el coste del alquiler.

Además, al menos un 20% de los inquilinos ha cambiado de vivienda dos veces en los últimos cinco años, mientras que el 30% reconoce vivir en una casa que no responde a sus preferencias.

En este contexto, el mercado está evolucionando hacia un modelo «mucho más restrictivo», en el que el propietario busca minimizar riesgos, lo que lleva a más inquilinos a aceptar condiciones más duras o cambiar de vivienda con mayor frecuencia.