El Cabildo de Fuerteventura continúa impulsando una estrategia en materia de vivienda que priorice la recuperación de viviendas abandonadas y construcciones inacabadas, en lugar de seguir consumiendo más suelo. Una estrategia que responde a la creciente demanda de soluciones habitacionales en la Isla y al compromiso con la protección del entorno.
Según ha explicado la presidenta insular, Lola García, la solución al problema de la vivienda no pasa únicamente por construir más, sino por abaratar costes, optimizar el suelo disponible, recuperar el patrimonio edificado y coordinar políticas públicas que permitan intervenir de forma estructural en el mercado.
Trabajo de campo
Dentro de esta estrategia, la Corporación insular ha trabajado de la mano de los seis ayuntamientos para elaborar un informe que permita cuantificar aquellas edificaciones, urbanizaciones o infraestructuras abandonadas situadas en suelo urbano o urbanizable que puedan dar respuesta a la demanda real de la Isla, así como conocer su situación desde el punto de vista técnico-jurídico.
Gracias a este trabajo de campo, el Cabildo cuenta ya con informes detallados que reflejan la existencia de casi una treintena de edificaciones inacabadas o abandonadas repartidas por los diferentes municipios. “Ahora es el momento de analizar la situación desde el punto de vista jurídico para determinar cuáles de estas infraestructuras pueden ser destinadas a vivienda y qué acciones se pueden articular a través de los convenios que sean necesarios para mejorar la situación en la Isla. Podríamos estar hablando de centenares de viviendas”.
En este sentido, la presidenta insular trasladará este documento al consejero del área del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en un encuentro que tendrá lugar este lunes, 3 de agosto, de cara a lograr esa cooperación interadministrativa necesaria para seguir impulsando la estrategia y lograr los fondos necesarios para para que se incluyan en los presupuestos de 2027 de la Comunidad Autónoma.
La Corporación insular reafirma así su compromiso con una política de vivienda pública, social y sostenible, basada en la cooperación institucional y orientada a ofrecer soluciones reales a la ciudadanía majorera. “El objetivo es claro: responder a las necesidades habitacionales de la población que vive en Fuerteventura, sin fomentar la especulación ni crear un efecto llamada. Apostamos por una isla más habitable, cohesionada y respetuosa con su territorio”, concluye García.