El alcalde de Tuineje, David Herrera, ha solicitado a la Delegación del Gobierno el traslado de la embarcación interceptada en aguas canarias el pasado viernes y atracada desde entonces en el puerto de Gran Tarajal.
Según el Ayuntamiento, el pesquero, sobre el que pesaba una denuncia por sustracción en Marruecos, fue interceptado en una operación conjunta de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, a través de la Salvamar Mizar, que culminó con el desembarco de las personas que viajaban a bordo y el atraque del barco en el muelle de Gran Tarajal.
Herrera sostiene que la actuación se llevó a cabo sin informar previamente ni al Ayuntamiento de Tuineje ni a Puertos Canarios. Ante la ausencia de comunicación oficial por parte de los organismos estatales, el Consistorio afirma que tuvo que recabar información sobre la operación a través de Puertos Canarios, la Guardia Civil y el personal de Salvamento Marítimo.
El alcalde lamentó la falta de coordinación y aseguró que «no han emitido ninguna comunicación oficial sobre la operación ni a Puertos Canarios ni al Ayuntamiento. Simplemente dejaron la embarcación atracada en el puerto, sin tripulación a bordo».
Asimismo, advirtió de que el pesquero no debe permanecer en el muelle comercial de Gran Tarajal al tratarse de una instalación expuesta a temporales de componente sur y afirmó que «en el pasado ya provocaron graves consecuencias, como ocurrió con las gabarras en 2018».
Herrera señaló que el Ayuntamiento trabaja junto al director de Puertos Canarios en Fuerteventura, Juan Luis López, para recabar toda la información oficial sobre la actuación y trasladar al Estado que el puerto de Gran Tarajal no dispone de un atraque que garantice la seguridad de una embarcación de estas características, «abandonada, sin tripulación y con la posible presencia de materiales contaminantes como combustible, baterías u otros residuos».
Por ello, el Ayuntamiento ha solicitado que el pesquero sea remolcado al muelle de Puerto del Rosario, cuya gestión corresponde al Estado, al considerar que «fueron los organismos estatales quienes asumieron toda la operativa de la interceptación y, por tanto, también deben hacerse cargo de su custodia».