Desde el Consistorio se subraya que este tipo de construcciones, cuando tienen uso residencial, son consideradas viviendas a todos los efectos, con independencia de su formato o materiales. Por tanto, deben cumplir estrictamente con lo establecido en el Plan General de Ordenación de Puerto del Rosario y la normativa urbanística en vigor.

Entrevista con Ana Hernández, concejala de Urbanismo del ayuntamiento de Puerto del Rosario en «El Magacín» de Onda Fuerteventura.

En este sentido, se recuerda que:

• No está permitido el uso residencial en suelo rústico, independientemente de que se trate de casas de madera, contenedores o estructuras prefabricadas.
• No existe ningún vacío legal que permita instalar este tipo de viviendas sin licencia.
• La consideración de “móvil” no exime del cumplimiento de la normativa urbanística.

El ayuntamiento informa además que, ante el incremento de estas prácticas, se están tramitando expedientes e imponiendo sanciones por infracciones en materia de disciplina urbanística, que pueden conllevar multas económicas, órdenes de retirada de las instalaciones y la imposibilidad de legalización posterior.

Desde la institución se advierte de que esta situación está provocando que numerosos vecinos y vecinas realicen inversiones económicas bajo premisas erróneas, generando perjuicios que podrían evitarse con una correcta información previa.

Por ello, el ayuntamiento de Puerto del Rosario insiste en que la única vía legal para la implantación de una vivienda es cumplir con todos los requisitos urbanísticos, incluyendo la clasificación del suelo, la obtención de licencia municipal y el cumplimiento de la normativa técnica aplicable.

El Consistorio recomienda a la ciudadanía que, antes de adquirir o instalar cualquier tipo de vivienda modular o estructura similar, acuda a la Oficina Técnica Municipal para informarse adecuadamente sobre su viabilidad.

El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con el cumplimiento del planeamiento urbanístico y la protección de los vecinos y vecinas del municipio frente a prácticas que pueden derivar en graves consecuencias legales y económicas.