El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha alertado sobre las consecuencias para el sector pesquero del Archipiélago del nuevo Reglamento de Control de la UE. Ante la ausencia de medidas de protección de la flota artesanal adaptadas a la realidad de esta actividad en el Archipiélago. A este respecto, el Ejecutivo regional ha manifestado su respaldo a las reclamaciones de las cofradías de pescadores de Canarias. Que se han sumado al paro nacional en protesta contra esta nueva normativa. El Gobierno canario reclama protección para la flota artesanal en el nuevo régimen pesquero de la UE
En este sentido, Quintero señaló que “estas exigencias suponen una desconexión total de la realidad operativa del sector. Al tiempo que generan inseguridad jurídica, incrementan el riesgo de accidentes y sanciones arbitrarias. A este respecto recordó la falta de adecuación de este nueva normativa a la realidad de la pesca en Canarias. Principalmente compuesta por embarcaciones pequeñas y tripulaciones reducidas. Reiteradamente trasladada por el Gobierno de Canarias a instancias comunitarias. Así como personalmente por el consejero al comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, durante una reunión en Bruselas el pasado mes de octubre.
Entre las medidas más controvertidas, vigentes desde el 10 de enero de 2026, se encuentra la imposición del preaviso obligatorio de llegada a puerto con un mínimo de cuatro horas para buques de 12 metros o más, incluso cuando faenan a pocos minutos de la costa, lo que supone una modificación significativa frente a la vigente recomendación de la Comisión Internacional de Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que permite una notificación más corta.
Por otra parte, el nuevo Reglamento de Control Pesquero comunitario establece que todos los barcos entre 12 y 15 metros están obligados a estar equipados con el dispositivo VMS y el Diario Electrónico de A Bordo, en el que deberán figurar todas las capturas desde el “kilogramo cero”, lo que supone una carga tecnológica y administrativa inasumible para muchas embarcaciones.
Por este motivo, en línea con las reivindicaciones de las cofradías, el Ejecutivo autonómico reclama la exención. O adaptación para la flota de bajura de los aspectos más lesivos del Reglamento para embarcaciones menores de 15 metros que realizan mareas inferiores a 24 horas en aguas territoriales. Así como el reconocimiento como sistema equivalente y válido del futuro sistema canario de geolocalización de artes pasivos. Evitando duplicidades tecnológicas inviables. Todo ello en el marco de una aplicación real del principio de proporcionalidad y del estatus RUP en toda la normativa de control.
El Gobierno canario reclama protección para la flota artesanal en el nuevo régimen pesquero de la UE