El tesorero del Ayuntamiento de La Oliva entre 1991 y 2017, José Hilarión Cabrera, que se enfrenta a ocho años de cárcel por un presunto delito de malversación de caudales públicos, se negaba a efectuar un arqueo de caja para el interventor que entró en la corporación en 2017 porque decía «que no le coincidían las cuentas». Fiscalía pide ocho años de prisión por un presunto delito de malversación para el ex tesorero de La Oliva

Tal y como publica el periódico La Provincia, así lo manifestó ayer el entonces alcalde de La Oliva, Pedro Manuel Amador, que fue el primero de los cinco testigos que declararon ante el jurado de la Audiencia de Las Palmas en el juicio que se sigue contra el ahora extesorero.

«Ni vendiendo mi casa» van a cuadrar las cuentas, es lo que le llegó a responder el procesado al entonces alcalde de La Oliva, que fue el primero que denunció el descuadre en la contabilidad ante el Tribunal de Cuentas, que en una sentencia responsabiliza a Cabrera de haber causado un perjuicio al Ayuntamiento de 303.410 euros. El exalcalde señaló que el tesorero se cogió una baja médica y nunca llegó a efectuar el arqueo y recordó que para conseguir la apertura de la caja fuerte y el armario blindado donde se guardaba el dinero y documentación de Tesorería, hubo que recurrir a la Policía Local y a un cerrajero ante la negativa del acusado a facilitar las llaves.

El entonces alcalde de La Oliva denunció en abril de 2017 al Tribunal de Cuentas el descuadre que había en las cuentas porque el interventor le había señalado que eran «cantidades injustificables», según explicó Amador. En un principio, dijo que se pensó que superaba los 900.000 euros, pero finalmente el Tribunal de Cuentas lo cifró en 303.410 euros, que es la cantidad que el Ministerio Fiscal y la acusación que ejerce el Ayuntamiento reclaman al acusado que restituya en este juicio. Amador relató que en el Ayuntamiento de La Oliva los ingresos se hacían en metálico hasta que ordenó que se efectuaran por transferencia o con tarjeta bancaria para evitar que hubiera efectivo en la corporación.

El interventor y habilitado nacional Francisco Díaz, que ocupa este cargo en el Ayuntamiento de La Oliva desde 2018, indicó al tribunal que emitió un informe de arqueo en el que apreciaba que los datos no se ajustaban a la realidad y que también se remitió al Tribunal de Cuentas.

La Fiscalía, que representa en este procedimiento Carlos Fernández Seijo, elevó sus conclusiones a definitivas. Por lo tanto interesa una petición de condena de ocho años de prisión e inhabilitación absoluta durante 20 años para José Hilarión Cabrera por un presuntos delito de malversación de fondos públicos. También solicita el pago de 304.410,30 euros al Ayuntamiento de La Oliva en concepto de indemnización.

Fiscalía pide ocho años de prisión por un presunto delito de malversación para el ex tesorero de La Oliva