A partir de este martes, 1 de julio, todos los alojamientos de corta duración necesitarán un número de registro para poder anunciarse en plataformas digitales. Canarias se sitúa como la segunda comunidad con más solicitudes de toda España, acumulando más de 31.000 peticiones desde que comenzó el proceso en enero.
Canarias, entre las primeras en adaptarse
La comunidad ha registrado 31.306 solicitudes, de las cuales 11.603 están ya activas, 16.847 siguen en proceso de revisión y 2.856 han sido rechazadas por incumplir los requisitos. La mayoría de las solicitudes (96%) corresponden a viviendas destinadas al alquiler turístico.
Por provincias, Las Palmas lidera el registro en las islas con 16.719 solicitudes. Santa Cruz de Tenerife le sigue con 13.341.
España aplica la normativa europea
España es el primer país de la Unión Europea que activa este sistema. Desde el 2 de enero se han recibido 215.438 solicitudes en todo el país. De estas, 94.209 están activas de forma definitiva, 102.732 siguen en proceso y 18.497 han sido denegadas. El registro será obligatorio a partir del 1 de julio para poder alquilar legalmente.
Objetivo: regular y proteger la vivienda
El Ministerio de Vivienda quiere frenar los alquileres turísticos ilegales que elevan los precios de la vivienda y expulsan a los vecinos de sus barrios. La ministra Isabel Rodríguez destacó que esta medida busca regular el mercado para evitar el fraude y la especulación.
Cómo funciona el registro
Las solicitudes se realizan a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores. Para registrarse, los propietarios deben aportar información sobre el tipo de alquiler (turístico o de temporada) y, si corresponde, documentos como licencias previas. Cada alojamiento recibe un número provisional que debe aparecer en los anuncios. Cuando se verifiquen los requisitos, el registro se convierte en definitivo. Si no se cumplen, se revoca.
Los alojamientos que no cuenten con un número válido podrán ser eliminados de las plataformas digitales.
Excepciones para turismo rural
Los alojamientos rurales que ofrecen servicios adicionales como desayunos no tendrán que inscribirse. Estos establecimientos se consideran similares a los hoteles y no entran en la obligación del registro.
Con esta medida, el Gobierno pretende mejorar la transparencia, reducir la oferta ilegal y facilitar el acceso a la vivienda en zonas donde el turismo genera más presión.