Ante la decisión anunciada públicamente por el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, de su baja como militante de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) y manifestar su voluntad de continuar en la Alcaldía, decisión que consideramos un claro ejemplo de traición política; desde NC-BC queremos expresar lo siguiente:

1. La salida de Francisco García de la organización es una decisión personal que se ha hecho a espaldas de la asamblea y la ejecutiva de NC-BC de Santa Lucía de Tirajana, la cual se mantiene comprometida con los principios, valores, estatutos y decisiones de Nueva Canarias-Bloque Canarista.

2. La continuidad de Francisco García en la Alcaldía, una vez abandonada la organización por la que fue elegido, supone una ruptura directa con el compromiso adquirido ante la ciudadanía bajo las siglas de NC-BC. Esta acción representa una deslealtad no solo hacia el partido, sino especialmente hacia los votantes que confiaron en nuestro proyecto político en las elecciones municipales.

3. Desde NC-BC reafirmamos nuestro compromiso con una política basada en la coherencia, la ética, la lealtad y el trabajo colectivo. Es inaceptable la participación en otros partidos políticos mientras se ostentan cargos obtenidos bajo nuestras siglas. Es incompatible con nuestros principios, nuestros estatutos y con el respeto debido a la voluntad democrática expresada en las urnas.

4. Tal como se avanzó, en el comunicado del pasado 30 de marzo de la Secretaría nacional de Organización, NC-BC convocará próximamente al sábor o ejecutiva nacional para analizar en profundidad esta y otras situaciones similares, y adoptará las decisiones que correspondan conforme a los estatutos del partido, garantizando la democracia interna y la defensa del proyecto colectivo.

Nueva Canarias-Bloque Canarista seguirá trabajando con responsabilidad por la estabilidad institucional y la defensa de los programas comprometidos con la ciudadanía. Pero también seguirá alzando la voz contra la traición y el transfuguismo, un fenómeno este segundo que atenta contra la transparencia democrática y que ha sido condenado por la mayoría de las fuerzas políticas en el marco de los pactos antitransfuguismo.