El Consejo de Gobierno, reunido este lunes, ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, el Decreto-ley de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico, iniciativa que responde a la necesidad de resolver la problemática de los usos residenciales en zonas turísticas como recoge la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias.
“Con los cambios aplicados”, explicó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, “se suspende por un plazo máximo de tres años, a partir de la entrada en vigor del Decreto-ley, la tramitación de los procedimientos sancionadores en los que no hubiera recaído resolución firme y los de revisión que no pongan fin a la vía administrativa”. Para ello, agregó, “el interesado deberá solicitar el cambio de uso al ayuntamiento y deberá ser comunicado posteriormente a la Consejería”.
Por tanto, el objetivo es “otorgar este plazo adicional de tres años para que los consistorios lleven a cabo la imprescindible especialización de usos en las zonas turísticas, que es un principio básico establecido en nuestra legislación autonómica, turística, territorial y urbanística desde la Ley de Directrices de 2003; una especialización que debería de haberse realizado desde hace 22 años, pero que cobra especial relevancia desde la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales de Canarias”, apuntó la consejera. Precisamente, “el incumplimiento de este mandato legal ha generado la apertura de numerosos expedientes sancionadores”, recordó.
“En el plazo de tres años, los ayuntamientos tendrán que efectuar la especialización de los usos y las personas afectadas por esta situación podrán disponer de más tranquilidad, de mayor seguridad jurídica y deberán dirigirse a la administración local instando a esa especialización de usos, en la misma línea que apunta el proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas”, subrayó De León.
Asimismo, otro de los objetivos que persigue la iniciativa es derogar explícitamente la sustitución del propietario que incumple el deber de atenerse al uso turístico y que directamente está infringiendo el principio de unidad de explotación, al considerarlo un mecanismo inviable por su complejidad procedimental y desproporcionado. De esta forma, la administración seguirá cumpliendo la ley y otorgará mayor seguridad jurídica al ciudadano.
La Consejería de Turismo y Empleo ha impulsado en el último año la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas para regular la actividad del alquiler vacacional e iniciado el trámite para elaborar la futura Ley de Turismo de Canarias. Además, ha avanzado en la nueva normativa que modifica el reglamento autonómico de Turismo Activo y regulará por primera vez en las islas los campings, acampadas y otros establecimientos singulares.