Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) exigió hoy una regulación del alquiler vacacional sin urgencias en el Parlamento para evitar errores legislativos en una actividad turística con consecuencias positivas pero que además genera problemas para acceder a la vivienda residencial y a la convivencia vecinal. El portavoz parlamentario del grupo canarista, Luis Campos, reclamó por quinta vez al Gobierno una moratoria temporal de nuevas autorizaciones hasta la aprobación del proyecto de ley para frenar el aumento descontrolado de un 33 por ciento desde noviembre de 2023, que inicia la tramitación de la ley y hasta finales del pasado mes de enero.
Durante el debate, en la comisión General de Cabildo Insulares del Proyecto de Ley (PL) de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, más conocido como el PL para la regulación del alquiler vacacional, Luis Campos enfatizó la necesidad de la regulación para ordenar una actividad económica globalizada, que “vino para quedarse” y que tiene consecuencias tanto positivas como negativas en el turismo y la convivencia con los residentes.
“Imprescindible” la regulación, subrayó el portavoz parlamentario de NC-BC, para compatibilizar una actividad económica que priorice la calidad turística con la vida de los residentes, evitando los efectos negativos en el acceso a la vivienda residencial y al estilo de vida de los barrios y ciudades de las islas. Campos hizo hincapié en la importancia de “hacer viable esa convivencia”.
Nueva Canarias-Bloque Canarista no cuestiona la propiedad privada, “no le vamos a quitar” la casa “a nadie”, incidió el diputado del canarismo de izquierdas. Pero, tal y como puntualizó, “si compro un terreno agrícola, sé que allí no puedo colocar una industria. Si compro una vivienda residencial sé que era para eso, y la Constitución además mandata” a las instituciones a planificar sus entornos y sus ciudades.
Cuando se planifican viviendas residenciales para atender las necesidades de la población y acceder a las mismas a un precio asequible, pero se cambia a un modelo turístico, en opinión de Campos, se da una “cierta perversión”. Por este motivo, para NC-BC, se impone la necesidad de la regulación, de diferenciar entre el pequeño y el mediano o gran propietario.
Recordó que el grupo canarista había solicitado al Gobierno canario, “hasta en cuatro ocasiones”, una moratoria temporal para nuevas autorizaciones hasta la aprobación de una ley, que ha tardado más de un año en llegar al Legislativo.
Una solicitud de suspensión provisional de más camas de alquiler vacacional, que hoy representan el 39 por ciento del total de las plazas alojativa, y que para NC-BC es “necesaria”, solicitada también por algunos cabildos insulares como el de Tenerife y por el propio director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez.
“Estamos a tiempo todavía” de frenar el aumento descontrolado, defendió por quinta vez Luis Campos. Según los datos aportados a la comisión por la consejera de Turismo, Jessica de León, desde noviembre de 2023 y hasta el pasado 27 de enero, aumentó un 33 por ciento esta actividad.
El portavoz canarista rechazó que el proyecto de ley se tramite por la vía de urgencia para poder escuchar a los cabildos, los ayuntamientos y distintas asociaciones vinculadas o afectadas por el alquiler vacacional. “Queremos analizar con detalle” las implicaciones de una de las normas más importantes de la legislatura y para la que “necesitamos tiempo para no fallar, para no equivocarnos”, defendió Luis Campos.