La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un encuentro la próxima semana para buscar soluciones y garantizar la continuidad de la gratuidad del transporte público colectivo terrestre para el año 2025, tras la derogación en el Congreso del decreto que incluía esta medida. La Consejería insta al Estado a buscar alternativas que aseguren la continuidad de la gratuidad en 2025

A través de una carta enviada esta mañana, María Fernández ha reiterado su preocupación “por el escenario actual que afecta directamente a la planificación y a la tranquilidad de los cabildos insulares y de la ciudadanía”.

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias ha insistido en la necesidad de que el Estado, que ya cuenta con una partida presupuestaria para este fin, busque una herramienta que vehiculice esos fondos hacia Canarias, ya sea través de un nuevo decreto, exclusivo en materia de transportes, u otra fórmula que no permita perder esos fondos. 

 “La solución no pasa por que los cabildos detraigan fondos de otras necesidades básicas para mantener este compromiso que ya el Gobierno de Canarias había cerrado con el Ministerio para extender este servicio, en las mismas condiciones, durante este año”. 

Asimismo, Fernández ha insistido en que “el Ejecutivo reitera su disposición para colaborar en la búsqueda de la fórmula alternativa que permita garantizar la financiación y la implementación de esta medida en Canarias” ya que, insiste, “es fundamental contar, a la mayor brevedad, con una respuesta para que esos fondos puedan llegar a nuestra comunidad y, con ello, se mantenga la gratuidad del transporte público colectivo terrestre, que tantos beneficios ha aportado al Archipiélago, a la movilidad y a la transformación y mejora de nuestros servicios de transporte”.

La Consejería insta al Estado a buscar alternativas que aseguren la continuidad de la gratuidad en 2025