Transformar la Unión Europea en una sociedad del reciclado y contribuir a la lucha contra el cambio climático es uno de los grandes objetivos de los países miembros. En ese camino, hace ya más de dos años que se aprobó la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La norma entra en vigor el próximo 25 de abril de 2025.
En la práctica, todos y cada uno de los ayuntamientos de España tendrán que cobrar a sus vecinos y vecinas una tasa de recogida de residuos.
En muchos municipios, esto supondrá una novedad, al no existir en estos momentos tasa alguna.
Otros municipios deberán adecuar la tasa actual, de tal manera que ya han calculado un incremento del 54% en el recibo de la basura.
La ley establece «la obligación de que las entidades locales dispongan de una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria (PPPNT), diferenciada y específica para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia, tasas que deberían tender hacia el pago por generación».
Como señala Jacob Qadri, diputado del Grupo Parlamentario Popular, esta tasa va a suponer un «robo a mano armada al bolsillo de los vecinos». Es la ciudadanía la que pagará en su totalidad el gasto que supone la generación de residuos, aunque entiende Qadri que «el Gobierno de España lo que quiere es cargar un impuesto a los municipios sobre las toneladas de residuos que genera, y eso hay que repercutirlo entre los vecinos y vecinas».
De este modo, los ayuntamientos, si no la tienen, habrán de redactar y aprobar la ordenanza correspondiente para después aplicarla, pudiendo suponer un 200% de incremento impositivo. «Y eso en un momento complicado, después de los últimos dos años con un aumento de los precios de todo, de la cesta de la compra, la luz, el combustible, todo», remarca Qadri. «Es un cobro sensible».
Es cierto que hay ayuntamientos, pocos, que han regularizado la tasa de residuos. «Pero los costes van aumentando, el servicio es cada vez más caro», y por ley los ayuntamientos no podrán asumir parte de ese gasto, como se venía haciendo hasta ahora. Son los ciudadanos los que han de sufragar el servicio.
Y es que generar residuos tiene un coste. Los ayuntamientos pagan una tasa por el uso del vertedero.
Jacob Qadri, diputado del PP, expresó esta semana en el pleno del Parlamento de Canarias su total oposición al cobro de la tasa de basura tal y como plantea la ley. De media, el recibo de la basura estará en torno a los 150 euros al año por hogar. El también alcalde del municipio palmero de Barlovento reveló que, según los cálculos realizados en su Ayuntamiento, «voy a tener que subir la tasa de la basura en torno a un 54%», de tal manera que «los que pagan 200 van a pasar a pagar 300 euros». Aunque también apunta «hay municipios en Canarias que van a tener que subir la tasa 200%».