La resolución del Tribunal Constitucional, conocida ayer, hace referencia al contencioso presentado por el Gobierno de Canarias con el objetivo de defender las competencias sobre los expedientes relativos a las concesiones en dominio público marítimo-terrestre, una vez producida la transferencia de las competencias por decreto de agosto de 2022.

La resolución del TC define que las competencias, sobre los expedientes relativos a las concesiones en dominio público marítimo-terrestre, dependerán del Gobierno Central y no del Gobierno de Canarias; quienes presentaron dicho contencioso con la finalidad de hacer valer el marco jurídico fijado por el Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018, el cual otorga a la Comunidad Autónoma las competencias sobre Costas como expresión legítima de su autogobierno.

Esta resolución del TC no significa, ni implica el derribo del Hotel Riu Oliva Beach, de Corralejo. Desde RIU vamos a mantener la defensa de nuestros derechos a través de la vía judicial; algo que siempre hemos dicho que íbamos a defender. Es un proceso que puede durar años.

Nuestra postura sostiene que no hay argumentos jurídicos ni hechos que justifiquen la caducidad de la concesión administrativa otorgada al hotel Riu Oliva Beach.

Así lo defenderemos en los Tribunales de Justicia en defensa de nuestro legítimo interés, en amparo de los más de 400 puestos de trabajo directos de dicho establecimiento y, también, del interés general de la isla de Fuerteventura; que ha expresado de forma diáfana, a través de todas sus instituciones, su respaldo a la continuidad de la concesión.

Para RIU, las infracciones que el Ministerio de Transición Ecológica nos atribuye en el Oliva Beach carecen de fundamento y describen una situación que no coincide con la realidad física del hotel. Un argumento que hemos defendido ante el propio Ministerio y seguiremos haciéndolo en la esfera judicial, con la certeza de acreditar la plena legalidad de la concesión renovada en el año 2016 y con el objetivo de mantener abierto el Hotel Oliva Beach en una parcela de dominio público, ubicada fuera del espacio natural protegido de las Dunas de Corralejo.