El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, aseguró esta mañana que su departamento quiere “tener actualizados todos los planes hidrológicos insulares antes de que finalice el año”, y lamentó que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) “se utilice el incumplimiento del anterior gobierno socialista para amenazar a Canarias con la congelación de fondos”, en respuesta a la advertencia realizada la pasada semana por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Política Territorial quiere tener actualizados los planes hidrológicos insulares antes de fin de año.

“Cuando llegamos al gobierno el pasado verano solo estaban aprobados los planes hidrológicos de La Gomera y El Hierro, algo muy preocupante, porque pone en evidencia la falta de planificación que hemos sufrido en el ciclo 2022-2027, y demuestra que el agua en Canarias se ha estado gestionando a ciegas en los últimos años”, aseguró Manuel Miranda en el Parlamento autonómico ante la comisión de Política Territorial.

Manuel Miranda explicó que en este primer año de gestión ya se han aprobado definitivamente en Consejo de Gobierno los planes hidrológicos de Gran Canaria y Tenerife, se han subrogado las competencias del Cabildo de Lanzarote para asumir desde la consejería la tramitación de su plan, y se ha prestado apoyo a los consejos insulares de Fuerteventura y La Palma para impulsar las respectivas tramitaciones.

El consejero aseguró que el Gobierno de Canarias “es muy consciente de las posibles sanciones europeas a las que nos enfrentamos por este retraso en la planificación hidrológica que hemos heredado”, pero rechazó por “injustas” las amenazas de congelación de fondos vertidas la pasada semana desde el MITECO, “cuando la falta de financiación ha sido precisamente una de las causas de este retraso”.

Política Territorial quiere tener actualizados los planes hidrológicos insulares antes de fin de año

Manuel Miranda puso en valor el esfuerzo que están realizando los siete consejos insulares de aguas y los cabildos para coordinar la planificación hidráulica, reiteró el compromiso del gobierno por recuperar el liderazgo en la gestión del agua e intentar tener tramitados los tres planes pendientes antes de finalizar el año.

Además, el consejero anunció que después del verano darán comienzo los trabajos para coordinar con los siete consejos insulares de aguas la redacción de los cuartos ciclos de planificación, que deberán estar aprobados antes del 31 de diciembre de 2027.

PLANES PENDIENTES

En cuanto a los tres planes pendientes en la actualidad, el de Lanzarote que redacta el propio Gobierno de Canarias podría estar aprobado el próximo mes de septiembre. El pasado mes de mayo se aprobó la declaración ambiental estratégica, y antes de elevarlo a Consejo de Gobierno para su aprobación es necesario incorporar varios informes de otras áreas del ejecutivo autonómico que ya se han solicitado por vía de urgencia.

Fuerteventura es la segunda de las islas que no cuenta con su plan hidrológico de tercer ciclo aprobado. En este caso se está prestando apoyo al Consejo Insular de Aguas para su impulso, ya que es la institución insular la competente en su redacción. El Cabildo majorero lo aprobó la semana pasada de manera provisional y, en la actualidad, la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias está trabajando en los diferentes informes con el objetivo de tenerlo aprobado en el mes de octubre.

El tercero de los planes sin aprobar, el de La Palma, “sufrió un retraso lógico por la erupción del volcán, ocurrida cuando se estaba tramitando y que restó recursos para continuar con su tramitación”, según indicó el consejero. En este caso, se está ultimando un nuevo documento, junto al Consejo Insular de Aguas, “para cuanto antes ser aprobado por el Cabildo y continuar con la tramitación en la Dirección General de Aguas”. La previsión de aprobación es diciembre de 2025.

Manuel Miranda, por último, ha recordado que estos planes hidrológicos “incluyen todas las medidas necesarias para seguir impulsando el ciclo del agua en las Islas, una planificación cuyo desarrollo es inviable sin el compromiso del Estado de garantizar una financiación estable y a largo plazo para Canarias”.