El Gobierno de España ha contestado al Ejecutivo canario que las concesiones “compensatorias” sobre domino público marítimo-terrestre, como la ostentada por la mercantil Geafond Número Uno Lanzarote para gestionar el hotel RIU Oliva Beach, son competencia estatal y no autonómica, por lo que exige su demolición.

La Moncloa ha contestado al requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno regional en relación con la resolución del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del pasado 27 de febrero que declara la  caducidad de la concesión  de uno de los hoteles de RIU en las Dunas de Corralejo y ordena su demolición.

Sin embargo, el Gobierno canario entiende que cuenta con la competencia “exclusiva” en materia de ordenación del litoral, como así indica el Estatuto de Autonomía, y que eso incluye la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, comprendiendo todas las concesiones sobre dicho espacio sin ninguna distinción.

El gabinete canario ha anunciado que irá al Tribunal Contencioso por ello. En su requerimiento al Ejecutivo nacional, “niega la diferenciación” entre concesiones y defiende que, si el Estado realmente es competente de las segundas, de las “compensatorias”, tendría que haberlo hecho explícito en el real decreto que traspasó servicios y funciones de la Administración General del Estado al Archipiélago en materia de costas en 2023.