La Corporación insular manifiesta el rechazo del Cabildo de Fuerteventura a autorizar este tipo de prospecciones en el territorio. Consideran esta actividad altamente contaminante, ya que conlleva efectos irreparables en el territorio. Consideran que ponen en riesgo la planificación insular. Estos permisos se han admitido a trámite en Fuerteventura sin consultar a las instituciones locales.

Betancuria es el cuarto ayuntamiento majorero que rechaza, por unanimidad de todos los partidos políticos, los permisos de investigación minera para extraer tierras raras a partir de rocas carbonatitas en los municipios de Puerto del Rosario, Pájara y La Oliva.

En una moción debatida hoy en el Pleno del consistorio, las fuerzas políticas expresan en «una sola voz, clara y unánime del Ayuntamiento de Betancuria en contra la exploración o desarrollo de tierras raras en nuestro territorio», confirma el alcalde Marcelino Cerdeña.

Se suma, por tanto, el Ayuntamiento de Betancuria a la disconformidad manifestada por el Cabildo de Fuerteventura y los ayuntamientos de Puerto del Rosario, Pájara y Antigua, donde se ubican dos de los tres permisos solicitados.

La moción insta al Gobierno de Canarias a dejar sin efecto cualquier tipo de autorización relativa a los permisos de investigación de tierras raras en Fuerteventura, así como rechazar cualquier solicitud, además de confirmar el rechazo unánime del Ayuntamiento de Betancuria a autorizar este tipo de actividades extractivas en territorio majorero, en cualquiera de sus fases (investigación o desarrollo), «ni ahora ni en el futuro».

Betancuria exige, además, a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias que ponga en conocimiento del Cabildo de Fuerteventura y de los Ayuntamientos afectos toda
la información relativa a las solicitudes de permisos para explorar las “tierras
raras” en cualquier zona de nuestra Isla.

Los representantes del ayuntamiento han manifestado su disconformidad con la forma de proceder de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, la cual entendemos que vulnera las competencias de las instituciones locales, al ocultar documentación relativa a proyectos que ponen en riesgo la planificación insular.