El sector agrario canario se ha unido a las movilizaciones que se están llevando a cabo a nivel nacional para exigir un plan de choque que aborde diversas problemáticas que afectan al sector. Esto incluye la reducción de la carga burocrática, la equiparación de exigencias de calidad y seguridad alimentaria para importaciones de países terceros, y la flexibilización de los requisitos medioambientales del pacto verde para reducir los costos de producción. Los agricultores canarios se unen a la protesta nacional: exigen medidas contra competencia desleal y carga burocrática.
Las principales organizaciones agrarias a nivel nacional, como ASAJA, COAG y UPA, han acordado retomar movilizaciones a nivel regional para abordar estas preocupaciones. Esta iniciativa sigue la estela de movimientos similares en Europa, especialmente en Francia, donde los agricultores también enfrentan dificultades debido a normativas y competencia desleal.
Se destaca la preocupación por la importación de productos agrarios de terceros países a precios bajos, lo que presiona a la baja los precios de los productos de la UE y de España, generando una competencia desleal que amenaza la viabilidad de muchas explotaciones.
Además de las movilizaciones, se exige una mayor supervisión en las importaciones de productos agrícolas marroquíes para garantizar el cumplimiento de las normativas de la UE. También se solicita la paralización de acuerdos de libre comercio con terceros países que podrían agravar la situación de los agricultores europeos, así como la flexibilización y simplificación de la Política Agrícola Común (PAC).
A nivel nacional, se busca una modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir prácticas desleales y garantizar que los precios cubran los costos de producción. Se ha acordado solicitar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación soluciones inmediatas para abordar estas problemáticas, incluyendo la sequía, la situación en Ucrania, los precios y costos de producción, entre otros temas.
En resumen, el sector agrario en España está movilizándose para abordar una serie de desafíos que afectan su viabilidad, incluyendo la competencia desleal, la carga burocrática, y la necesidad de medidas concretas para garantizar su sostenibilidad económica y ambiental.