Según declaró el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, se trata de unos presupuestos que “aumentan el gasto social un 31% en comparación con 2019”, último de Coalición Canaria en el poder, y que dejan una “Canarias más fuerte”, algo que para el mandatario es “incuestionable”.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, agradeció al finalizar la aprobación del presupuesto a todos los que han hecho posible la conformación de estos presupuestos en un contexto “con casi todo lo negativo que se podía imaginar”. Por ello considera que “hemos estado a la altura de las circunstancias”. También agradeció el papel de la oposición, de la que dijo que “no lo tenían nada fácil mejorar estos presupuestos”.

Durante el debate parlamentario, el líder de ASG, Casimiro Curbelo, destacó que “hemos hecho historia en el peor momento», subrayando que no solo «no se ha hundido» Canarias sino que ha iniciado la «recuperación». El mandatario gomero reconoce que si bien nunca es suficiente, los presupuestos sí avanzan en la mejora del bienestar. Por ello asegura que el Gobierno «ha estado a la altura» y ha cumplido «sobradamente» con sus objetivos.

Manuel Marrero, de Sí Podemos, ve en las cuentas el «sello» de un Gobierno estable y «comprometido con la sociedad”, con unas cuentas que fortalecen los servicios públicos y ayudan a las personas más vulnerables. Considera a su vez que ahora se gobierna «por encima de los negocios» del pasado y por ello está convencido de que los políticos de la derecha «están nerviosos”.

Para Esther González, diputada de Nueva Canarias, son unos presupuestos adaptados a las «secuelas» de dos crisis, la pandemia y la erupción, que son «responsables» porque disminuyen el endeudamiento ante la previsible recuperación de las reglas fiscales. González ha atacado a las “críticas electoralistas”, ya que ha habido «más ayudas que nunca» para las pymes y medidas de apoyo a las familias, no como en la anterior crisis, cuando “se salvó” a la banca.

Por el PSOE, Matilde Fleitas defiende que el Ejecutivo «ha cumplido» en cuatro años con la economía y los servicios públicos, por lo que entiende que la oposición «no tiene un problema con el presupuesto sino con el Gobierno”, y asegura que muchas enmiendas no se podrían aplicar desde el punto de vista técnico. También se preguntó «qué les molesta de que se recaude» si ese dinero sirve para potenciar los servicios, que han servido, según dijo, para contratar a a 7.000 sanitarios y 3.000 docentes más.

En contra

Por parte de la oposición Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, criticó que con estos presupuestos se quiera ampliar la administración canaria, y afeó al Ejecutivo que la recuperación del empleo se deba al sector público. Para el diputado naranja se han priorizado los servicios públicos sin atender a los «déficit estructurales”. También considera que ha faltado ambición en las medidas fiscales que requerían “más reducción de impuestos”.

Vidina Espino, ahondó en esa línea, pues considera que el alivio fiscal planteado por el Gobierno  es “insignificante” y por ello reprocha que no se haya querido negociar ninguna enmienda, cuando son “los reyes» del presupuesto no ejecutado, con mermas como la preocupante falta de construcción de vivienda pública. “Al menos”, ironizó, en este ejercicio no ha tenido que presentar una enmienda “para que los miembros del Ejecutivo no se suban el sueldo”, ya que en las cuentas se contempla la congelación del mismo para 2023.

El diputado del Partido Popular, Fernando Enseñat, fue tajante al asegurar que “[el Gobierno] se irá dejando una Canarias peor de la que se encontraron”, y que  estos presupuestos basan sus cuentas en fondos extraordinarios europeos y estatales que se hacen pasar por “estructurales”. Mientras tanto, a su modo de ver, la inflación «se come» la renta de los ciudadanos con 500 millones más en recaudación de impuestos y una «ridícula» rebaja fiscal «de 8 euros al mes» (105 euros de ahorro por ciudadano en todo el año).

Por último, Rosa Dávila acusó al Ejecutivo de Torres de no tener una política económica «nítida, eficaz y solvente” en u momento en el que se ha dispuesto de 2.300 millones más que hace cuatro años. Según Dávila, el Pacto de las flores ha sido ”incapaz» de gastar el dinero y que por ello “las universidades están al borde de la quiebra”, los niños estudiando “en barracones” y muchas familias «van a las colas del hambre» o «comen gracias a la pensión de los abuelos”.