Un total de 140 obras públicas no pudieron ser adjudicadas en Canarias entre enero de 2021 y el pasado mes de junio al quedarse desiertos los concursos convocados por las distintas administraciones públicas, según confirmó a este periódico la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco). El coste global de los proyectos sin licitar ascendió a 53 millones de euros.
El diputado socialista, Iñaki A. Lavandera y el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Cristobal García, han formado parte de este análisis hoy en ‘El Magacín de Onda Fuerteventura’.
Según los datos de la patronal de la construcción, de los 140 proyectos que no pudieron materializarse, 90 correspondieron a la provincia de Las Palmas (por valor de 29 millones de euros) y 50 a la de Santa Cruz de Tenerife (24 millones).
Esta paralización en las adjudicaciones afecta a obras públicas de organismos e instituciones como el Servicio Canario de la Salud, AENA, la Jefatura del Mando de Defensa de Canarias, autoridades portuarias, Paradores Nacionales, cabildos, ayuntamientos, institutos sociales, consorcios y mancomunidades, entre otros. Varios ayuntamientos consultados por este periódico admiten estar “muy preocupados” ante este panorama.
La consejera de Educación, Manuela Armas, admitió la semana pasada en el Parlamento que el Gobierno de Canarias “va a tener dificultades” a la hora de contratar obras por el alza de los precios de los materiales de construcción y el encarecimiento y los retrasos en el transporte, que, señaló, traen como consecuencia que las mesas de contratación queden desiertas y se retiren algunas empresas adjudicatarias.
OTOÑO CALIENTE
Los grandes bancos mundiales, como Deutsche Bank AG y Citi, han empezado a advertir de que existe un 50% de probabilidades de que se produzca una contracción económica global. La eurozona está cerca de sufrir una contracción del PIB por culpa, sobre todo, de la inflación, y aunque se necesitan dos trimestres seguidos en negativo para hablar de una recesión técnica, este es ya un escenario que los mercados financieros temen en firme. En España, donde la cesta de la compra cuesta casi un 9% más que hace un año, llenar el depósito vale más de 2 euros/litro, el 70% de los restaurantes ha subido sus precios y encender la luz o comprar pollo empieza a ser un lujo para decenas de miles de familias, existen crecientes amenazas que apuntan a una posible recesión en 2023, según diversas fuentes y expertos.
De entrada, los analistas auguran un otoño caliente para toda la población española, situación que ya sufren desde hace meses pensionistas, parados y rentas bajas debido a los precios desorbitados, y que han empezado a padecer multitud de pequeños ahorradores, que están cosechando rentabilidades negativas en sus planes de pensiones y en sus inversiones en deuda o bolsa. Y una realidad que va a golpear en seguida a los titulares de hipotecas variables y quienes viven a crédito, por mor de la subida de tipos de interés.
El encarecimiento generalizado afecta, por supuesto, a las empresas, que ven reducir sus márgenes y afrontan tensiones por las subidas de sueldos y la crisis de suministros y materias primas.
Los expertos consideran que a partir del otoño pueden empezar a abrirse el grifo de los concursos de acreedores en determinados sectores, especialmente vulnerables y empresas muy endeudadas que vienen arrastrando problemas derivados de la crisis del Covid.