Juan José Cazorla, exalcalde de Antigua, condenado a 11 años de inhabilitación. La Audiencia de Las Palmas ha decidido fallar en contra de Cazorla por prevaricación al haber contratado entre 2015 y 2017 a una asesora, C. S. R., a de forma directa, ignorando los procedimientos y fraccionando las facturas.
La sentencia considera probado que Cazorla, por su experiencia municipal, sabía que estaba cometiendo una «flagrante infracción» de la normativa que regula la contratación en las administraciones públicas y una «clamorosa ilegalidad», aunque ningún funcionario municipal le advirtiera de forma expresa al respecto.
En este punto, la Audiencia es especialmente crítica con la Intervención del Consistorio, cuya actuación le resulta «cuando menos cuestionable», por la «omisión de los mecanismos de control» que debieron evitar que el Ayuntamiento pagara 43.700 euros de forma «arbitraria» y al margen de la legalidad.
De hecho, el tribunal declara a la profesional, C. S. R., «cooperadora necesaria» de la prevaricación que cometió el exalcalde y le impone la misma condena: 11 años de inhabilitación para desempeñar cargos o empleos públicos.
La Audiencia considera acreditado que, durante una primera etapa, el alcalde Cazorla, de Alternativa por Antigua, y su asesora de prensa fraccionaron los contratos (con 1.900 euros mensuales más IGIC) para evitar tener que licitar ese servicio por un procedimiento negociado. Más adelante, estos servicios sí fueron licitados en concurso público.
Juan José Cazorla, exalcalde de Antigua, condenado a 11 años de inhabilitación y los magistrados señalan que «es del todo punto impensable que el acusado, con amplia experiencia en la gestión pública, pues fue alcalde en otra legislatura anterior (…), actuara con la convicción de que hacía lo correcto y no fuera lógica y plenamente consciente de la flagrante infracción del ordenamiento jurídico que se estaba cometiendo con la adjudicación discrecional del servicio de prensa y comunicación del Ayuntamiento de Antigua», señalan los magistrados.