Hoy se ha aprobado el convenio por el que el Gobierno de Canarias encomienda a la Corporación insular las tareas de evaluación psicológica y social del grado de discapacidad de las personas residentes en la Isla. La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a la que corresponde la realización de estas labores, no dispone de los medios personales y materiales necesarios para ello en Fuerteventura, por lo que precisa de la colaboración del Cabildo para prestar un mejor servicio en la Isla. El texto del convenio incluye además la redacción de informes para solicitar viviendas de protección oficial, así como el acceso a centros residenciales sociosanitarios, puestos de trabajo y planes de ayuda de ayuntamientos.
Actualmente esta asistencia sufre un importante retraso. Gracias a este convenio, el Cabildo incorpora una trabajadora social y una psicóloga para la redacción de estos informes que sirven de base para el dictamen del grado de discapacidad de las personas, formulado por el equipo de valoración y orientación (EVO) de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. La comunidad autónoma aporta además una médica, que se incorpora de manera permanente, lo que supone un gran avance para el desarrollo del servicio, además de una administrativa.
Para el presidente Sergio Lloret López, la firma de este acuerdo supone «un paso importante en la agilización de los trámites necesarios para obtener unas ayudas que para estas personas y sus familiares son vitales».
El consejero de Políticas Sociales, Adargoma Hernández, ha indicado que «ésta era una de las máximas prioridades de la Consejería de Políticas Sociales. Desde el Cabildo se reivindicaba la firma de este instrumento jurídico que permitiera mejorar la prestación de este servicio, agilizando el proceso para que estas personas puedan recibir cuanto antes la atención profesional necesaria».