Desde ayer los bares y restaurantes de los niveles 1 y 2 que sienten a clientes en el interior de sus locales tendrán que llevar un registro pormenorizado de sus datos disponible durante un mes para la Consejería de Sanidad. Los establecimientos tendrán que apuntar el nombre y apellidos, DNI, número de teléfono y fecha y hora del servicio, lo que, aunque no se explica en la norma, permitirá a Sanidad realizar un rastreo más adecuado de los brotes en caso de que se diera un positivo entre los comensales. A pesar de las buenas intenciones que recubren a esta nueva medida, la redacción de la norma ha generado dudas entre los expertos y se ha topado de frente con la oposición del sector que ha llegado a considerarla una “aberración”, según informa EL DÍA.
Las complicaciones derivadas del cumplimiento de la norma no es lo único que ha generado dudas entre los hosteleros que han puesto el grito en el cielo tras leer la resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
El mayor problema que deben afrontar ahora es cómo aplicarla, dado que la norma no entra a valorar de qué forma deben adaptarse a ella. Al tratarse, además, de datos personales, los locales corren el riesgo de hacerlo mal y enfrentarse a multas millonarias.
Sanidad, por su parte, asegura que esta norma “no supone más que cuando llamas para reservar o para pedir a domicilio y das tus datos”. “Es cierto que este tipo de datos ya los proporcionan los clientes a estos establecimientos cuando se hace una reserva, por ejemplo, pero hay algunos restaurantes que simplemente los guardaban en un libro de reservas, lo que no les obliga a cumplir la Ley de Protección de Datos”, explica el profesor de Derecho de la Universidad de La Laguna (ULL), Luis Capote, que recuerda que, hasta el momento, solo se tenía que cumplir esta ley cuando se digitalizaban estos datos. “Lo que antes era opcional, con la norma del Gobierno de Canarias se convierte en obligatorio, por lo que los negocios tendrán que asesorarse sobre cómo hacerlo”, indica. Aunque esta norma se ha tratado en otras comunidades no siempre ha sido bien aceptada. En Baleares, por ejemplo, no ha dado resultados. La medida se estableció en noviembre y a día de hoy no se ha puesto en práctica ni un solo día tanto por las complicaciones que generaba para salvaguardar los datos de la clientela como por las quejas recibidas por el sector.
Sanidad se ampara en que desde los servicios jurídicos de esta y otras comunidades se ha dado el visto bueno a la norma. Sin embargo, por su rango y su vaga redacción, suscita dudas entre los juristas. El abogado Gerardo Pérez considera que al solicitar datos personales de este tipo, la norma va en contra del derecho fundamental de la protección de datos. “Esto no puede establecerse en una normativa de rango de resolución”, indica Pérez, quien insiste en que “no es correcto” que este derecho, que proviene de un desarrollo normativo europeo y español, “se altere por vía de una resolución”. Por su parte, Capote reconoce que la celeridad con la que está redactado el texto puede jugar en su contra, pero como otros muchos en este tiempo. “Durante la pandemia se han publicado muchas normas que generan dudas por cómo han restringido los derechos fundamentales”, afirma. Mientras esperan a que el Gobierno les de respuestas, los hosteleros, piden al Ejecutivo “rectificar y dar marcha atrás” a la medida.